La prudencia y la prevención, imprescindibles compañeras de viaje de todo buen gobernarte, no pueden confundirse con el retroceso que llega a la desigualdad ni con la renuncia al riesgo de las decisiones valientes y consecuentes. Pero ocurre así con mucha más frecuencia de la que sería deseable. Lo decimos al amparo de algunas prácticas comunes que se han venido reproduciendo en la gestión pública de este archipiélago y que, por mucho que se diga lo contrario, perduran en el actual Pacte entre PSOE y Més, auxiliado por Podemos y ahora, ocasionalmente, por El PI. Lo más sorprendente aún de todo ello es que el mantenimiento de los viejos hábitos conservadores lleva el sello de quienes enarbolan la bandera de la renovación política integral y de la iniciativa igualitaria desde las bases.
Si, hablamos de Podemos, porque llaman poderosamente la atención algunas de sus actitudes con respecto a los presupuestos de la Comunidad para el próximo año. Si el intento de gestionar 10 millones por cuenta propia ya se balanceó entre la irrealidad y el asombro, algunas de las enmiendas presentadas ahora no dejan de sorprende en alto grado.
El pánico a la reacción de los funcionarios frente a algunas medidas que puedan perjudicarles, parece haberse instalado en el seno del Pacto. La experiencia del plus de la carrera profesional, la huelga aletargada de los docentes y ahora la apertura vespertina de los centros de Atención Primaria, no han sido buena experiencia desde el punto de vista de la comodidad política. También se había prometido abolir el llamado ´Nivel 33´, el plus máximo en el escalafón y la nómina para los funcionarios que han pasado transitoriamente por la política.
Sin embargo ahora, precisamente Podemos, presenta una enmienda a las cuentas de la Comunidad para 2016 en las que pretende blindarlo para quienes lo perciben y extinguirlo para los potenciales receptores de nuevo cuño. El PI se ha sumado a la iniciativa. Se le recicla el nombre, se llamará complemento personal transitorio, pero es lo mismo.
Parece que los perceptores del complemento en cuestión y los agentes sindicales han realizado una correcta presión a conveniencia para salvaguardar los derechos adquiridos. Ante ello, al Govern y a Podemos les ha entrado el pánico ante una potencial avalancha de contenciosos y a su equiparación, en este sentido, con el Govern Bauzá, por el trato dado a los funcionarios.
Pero con todo ello también queda claro que se establece un rotundo agravio comparativo entre funcionarios con recorrido profesional y político equiparable. El tiempo, la época concreta en que se ha desempeñado el cargo político asignado por las urnas o la confianza, será el punto de inflexión para tener derecho al ´Nivel 33´. Cuesta admitir que no se pueda disponer de canales legales para equiparar a todos los empleados públicos desde la abolición absoluta de un privilegio a todas luces exagerado.
