No sabemos si el Palacio de Congresos de Palma llegará algún día a cumplir con las funciones para las cuales fue concebido, pero si estamos en condiciones de afirmar que, antes que al Paseo Marítimo y la bahía que lo ampara, permanecerá vinculado para siempre a los obstáculos, las presiones, los intereses y las variopintas incidencias y retrasos de su intermitente proceso de construcción.
Cuando todo parecía encauzado para acabar con la ejecución material del complejo, sólo a la espera de la cuarentena en la que está inmersa la adjudicación de la explotación al Grupo Barceló, la concesionaria de las obras, Acciona, ha puesto el freno. Los obreros no se irán el 31 de diciembre con la construcción acabada, como estaba previsto en el último acuerdo de dilatación, por decirlo de algún modo. Lo han hecho antes, sólo han dejado un retén de mantenimiento como elemento de presión de la empresa para cobrar los dos millones correspondientes a la certificación de obras de agosto.
Sin embargo, el mismo día en que se conoce el repliegue, Cort y Govern afirman haber abonado el pago antes de su vencimiento y al día siguiente, ayer, Acciona confirma el ingreso recibido. Pero busca nueva negociación y el establecimiento de un posterior plazo de entrega.
¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las reglas de tan misterioso juego? La adjudicataria no ha explicado su actitud en el tiempo que ella misma se había fijado y después únicamente lo ha hecho de forma parcial. Ha cobrado, pero parece evidente que no se conforma con ello. Desde la vicepresidencia del Govern se asegura que todo obedece a medidas de presión de Acciona para ingresar los quince millones de indemnización a los que aspira por la paralización de los trabajos durante el anterior periodo de gobierno. Pero los técnicos de la Administración sostienen que le corresponden "menos de cuatro millones" por dos años de inactividad.
Es posible que con este último episodio haya caído la gota que colma el vaso. Abunda el cansancio en el consorcio responsable y en una ciudadanía que no entiende nada. Cort y Govern no dan su brazo a torcer y avanzan que harán efectivo y ejecutarán el aval de cuatro millones si Acciona persiste en su actitud actual. También recuerdan que es aplicable una penalización de 20.000 euros diarios por cada día de retraso, desde el pasado 15 de julio. Mientras, se mantiene el exitoso calendario de visitas ciudadanas a las instalaciones y, al amparo del informe de la Universitat, sigue sin ratificarse la concesión de explotación a Barceló y se está pendiente de los servicios jurídicos de la Comunidad para determinar si debe convocarse un nuevo concurso.
Nos atrevemos con una propuesta: el primer día que esté disponible, el Palacio y hotel anexo deben inaugurar su actividad con un congreso monotemático sobre su propia génesis y procesos de consolidación y construcción. Será una ocasión inmejorables para determinar cómo es y actúa la Administración local y autonómica en Balears y al mismo tiempo diseccionar los movimientos de las grandes empresas que operan en las islas. También de descifrar los vínculos y rupturas entre lo uno y lo otro.
