Francia ha aceptado sin rechistar, y con clamorosa unanimidad, la propuesta gubernamental de promover un espectacular recorte de las libertades básicas para defenderse de la hidra terrorista que acaba de atacar con saña a su sociedad civil. Por 551 votos a favor y solo 6 en contra, la Asamblea Nacional ha aceptado prorrogar al estado de excepción decretado por el presidente de la República, que sólo podía durar doce días, durante tres meses más, es decir, hasta el próximo 26 de febrero. Además, se han aprobado otras medidas muy relevantes pera la persecución de los desalmados terroristas: la asignación de residencia obligatoria a los sospechosos de terrorismo, la posibilidad de dotar de un brazalete electrónico de localización a quienes hayan sido condenaos por delitos de esta naturaleza, la posibilidad de copiar datos informáticos sin orden judicial en el curso de un registro, la capacidad de bloquear páginas web que hagan propaganda de la violencia, así como de disolver asociaciones que hagan apología del terrorismo, incluidas las sociedades que gestionan las mezquitas€ Bélgica se dispone a tomar medidas semejantes€ que serán sorprendentes en un país en que, por ejemplo, todavía están terminantemente prohibidos los registros policiales a partir de las 9 de la noche.
Nada hay que objetar a estas medidas que refuerzan la seguridad para que pueda prevalecer la libertad. Pero es llamativo que haya sido necesaria una serie de atentados que ha causado más de cien muertos para que el establishment político francés haya decidido promulgar esta legislación ´en caliente´. Algo falla en nuestras democracias cuando el equilibrio entre los dos términos del binomio libertad-seguridad no puede lograrse sin que previamente hayamos tenido que padecer la gran brutalidad de nuestro enemigos.
