Por primera vez en democracia, unas elecciones generales se plantean no sólo para elegir una determinada mayoría política de la que emane el gobierno de la nación sino también para impulsar un cambio en el modelo constitucional, para respaldar una reforma de las reglas de juego, que han quedado manifiestamente obsoletas. En efecto, el conflicto catalán, que es el síntoma más evidente de una disfunción grave de nuestro sistema de convivencia, sólo podrá entrar vías de solución definitiva si se obtiene por consenso un nuevo marco jurídico político de organización territorial. Pero esta fricción, que amenaza con convertirse en incendio, ha permitido detectar y denunciar muchas otras disfunciones de la ley fundamental española que, treinta y siete años después de su promulgación, requiere cambios profundos.
La tarea no será fácil, entre otras razones porque las posiciones de partida de las fuerzas políticas son muy dispares. Hasta este momento, sólo Podemos ha hablado -lo que no quiere decir que mantenga la tesis- de apertura de un proceso constituyente que dé lugar a una Carta Magna de nuevo cuño. PSOE y Ciudadanos proponen una reforma constitucional, sobre la base de la Constitución de 1978, que, sobre todo para los socialistas, conservaría valores admirables. El PP no se ha pronunciado al respecto, se mantiene remiso ante la idea de la reforma constitucional y solo últimamente perece convencido de que la mudanza es inexorable, por lo que estaría dispuesto a valorar las diferentes propuestas. Todos los actores expresan sin embargo su convicción de que la futura Constitución requiere un gran consenso, cuantitativamente comparable al que logró la Carta Magna de 1978.
Las posiciones concretas de partida son sin embargo tan distantes unas de otras que parece muy difícil la concordancia de todas ellas y su convergencia hacia un lugar común. El PSOE, por su parte, ha formulado una propuesta basada en "los principios y técnicas del federalismo", que representaría el llamado 'salto federal', es decir, la acomodación de la Constitución vigente a unas pautas de racionalidad federal. Un federalismo asimétrico en cuestiones identitarias -cultura, lengua, educación- y simétrico en todo lo demás. El modelo expuesto admite el principio de ordinalidad -que la contribución interterritorial no coloque en peor condición a quien contribuye que a quien se beneficia-. El PSOE no ha hecho una propuesta completa y cerrada, y ello es plausible porque, como se ha dicho, el consenso es imprescindible.
Ciudadanos, por su parte, pretende una reforma profunda del régimen que implicaría una reforma del sistema electoral, que se parecería al sistema alemán del Bundestag (una lista de partidos y listas de candidatos por circunscripciones); la reforma del Senado, que pasaría a ser una cámara de presidentes autonómicos (19 miembros) de segunda lectura con poder legislativo, presidencia rotatoria y sede móvil; la supresión del CGPJ y el traslado de su función al presidente del Supremo asistido por dos adjuntos? La propuesta, redactada por un nutrido grupo de constitucionalistas encabezado por Francesc de Carreras, parece muy polémica y rupturista, pero no es incompatible con la del PSOE. Podemos, por su parte, propone un cambio radical de sistema político, difícil de precisar por la extraña evolución del partido de Pablo Iglesias desde el radicalismo a una todavía poco asentada centralidad.
Tras el 20D, las formaciones políticas más relevantes deberán sentarse a constatar la voluntad de reformar el modelo en un proceso tan magnánimo como el fundacional. La iniciativa deberá ser, lógicamente, de la mayoría política. Y el asunto naufragará si no se establecen claros liderazgos personales que impulsen el empeño con visión de Estado y sentido de la responsabilidad.
