La prevista declaración del parlamento catalán ha sido calificada por el gobierno del Estado como una provocación y una deslealtad. Ignacio Martín Blanco afirma en El País que la declaración persigue una reacción desproporcionada del gobierno que posibilite la internacionalización del conflicto y la imposición de una negociación para solucionarlo, según confesión of the record de Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana. La insistencia del gobierno en recalcar que su respuesta será jurídica y proporcional, reafirma la intención de no facilitar ningún pretexto al secesionismo. Al tiempo que facilita las primeras grietas aparecidas en el seno del gobierno catalán en funciones y en el seno de una Convergència a cuyos afiliados de la pequeña burguesía catalana se les pueden atragantar las exigencias de los antisistema de la CUP. Hasta Pilar Rahola está alertando del ridículo al que se están dirigiendo. Las consecuencias del aventurerismo de Mas (hace tres años un cadáver político; desde hace tres años un zombi que huyendo de la cárcel destruye Cataluña) posibilitan la exaltación de Rajoy como salvador de España el 20D.
Una encuesta el pasado domingo en El País atribuía al PP entre 93 y 100 diputados; a Ciudadanos, entre 72 y 84; al PSOE, entre 88 y 98; a Podemos, entre 42 y 46; a IU, 5. En voto probable declarado, atribuía al PP el 18,7%; a C's el 18,2%; al PSOE el 16,4%; a Podemos el 13,7%, a IU el 5,8%. A la pregunta de quién le gustaría como presidente del gobierno, un 22% prefiere a Rivera; un 17% a Rajoy; un 16% a Pedro Sánchez; un 14% a Iglesias. A la pregunta de si se prefiere que gobierne otro partido diferente a PP y PSOE, un 23% dice que no, un 69% dice que sí. En esa última eventualidad, un 60% de eventuales votantes del PSOE se inclinan por Rivera y sólo un 26% por Iglesias. En la distribución final de votos y escaños atribuye a C's mayor número de votos pero menor número de escaños que el PSOE debido a la mejor distribución de este partido en el conjunto del territorio. Se supone que la incertidumbre ante lo que ya se está definiendo como la contienda electoral decisiva para el cambio político, se traducirá en un tiempo ya iniciado de campaña real donde imagen y programas políticos serán determinantes para el resultado final. Se pueden anticipar los principales mensajes. El del PP, recuperación económica y defensa a ultranza de la unidad de España. El del PSOE, reforma constitucional para el encaje asimétrico de Cataluña en un Estado federal, la laicidad del Estado, la derogación de la reforma laboral. El de C's, las reformas constitucionales del sistema electoral, separación de poderes, del sistema de partidos, de la administración pública y un pacto para la educación. El de Podemos, aparte de la renta universal, nacionalización bancaria, etc, propone la reforma constitucional que posibilite la realización de un referéndum en Cataluña sobre la independencia.
Las encuestas anuncian un pacto PP-C's o un pacto PSOE-C's, sin que pueda asegurarse, tras el espectacular acelerón de Rivera de los últimos meses, quién será el próximo presidente. Con la propuesta de pacto de Rivera para afrontar la declaración de una república catalana (soberanía nacional, unidad territorial, marco legal de la CE, proyecto europeo, y renuncia a gobernar con secesionistas), se ha revestido de la pátina de estadista que le puede servir para sobrepasar a Rajoy y a Sánchez. Sánchez no puede aceptar el pacto porque depende en el territorio de los secesionistas para mantener el poder u obtenerlo (comunidades de Valencia y Balears y numerosos ayuntamientos). Sánchez ha iniciado la ofensiva contra Rivera. Pero es muy difícil que cuaje su definición de C's como "otra derecha" cuando son sus propios eventuales votantes que en abrumadora mayoría se decantarían por Rivera antes que hacerlo por Iglesias.
Descontada la figura de Rajoy como uno de los líderes menos valorado del país (aunque puede ganar las elecciones) cabe preguntarse por cuál de los líderes de PSOE y C's puede conseguir la victoria. Los encuestados parecen preferir a Rivera. Y no precisamente por la novedad, aunque ambos son jóvenes. Pero la experiencia política de Rivera batiéndose el cobre con los nacionalistas desde 2006 en Cataluña parece superior a la de un Sánchez cooptado por la burocracia socialista dirigida por Pepe Blanco para el ayuntamiento de Madrid y el Congreso de los Diputados, sustituyendo primero a Solbes, después a Narbona. Rivera tiene la virtud de la claridad. Lo cual le ha permitido un posicionamiento sin ambigüedades en las cuestiones fundamentales: la primacía de la ley, la igualdad entre todos los españoles, la soberanía política en manos del conjunto de ciudadanos del Estado, el necesario cambio político desde la legalidad constitucional. Todo lo cual le confiere un perfil de político reformista capaz de inaugurar una nueva etapa política dentro del sistema político de la Transición. El fichaje de Luis Garicano para modernizar la economía es otra apuesta por la ortodoxia. Su proyecto de aumentar la proporcionalidad del sistema, aunque con listas abiertas, y su dirección centralizada son obstáculos para devolver el empoderamiento a sus legítimos dueños: los ciudadanos. Pero su proyecto para el corto y medio plazo es consistente.
La consistencia y la solidez es lo que le falta a Pedro Sánchez y a su proyecto. El PSOE tiene la imagen de que dice una cosa diferente en cada sitio; el PSC defendiendo el derecho a decidir de los catalanes hasta ayer mismo. El desconocimiento de Sánchez de hitos fundamentales de la historia democrática española es sorprendente, como su creencia de que la ley del divorcio fue auspiciada por el PSOE de González. Presenta un cierto galimatías intelectual, como cuando declaró hace un año que eliminaría el Mº de defensa. O su petición de funerales de Estado para las víctimas de la violencia de género. O cuando, en su campaña para la secretaría general del PSOE en 2014, afirmó ser partidario del reconocimiento constitucional de Cataluña como nación, algo que ya no contempla en absoluto. O su propuesta de Estado federal asimétrico que aún no sabemos en qué consiste. O sus vaivenes en derogar o no toda la reforma laboral del PP. O ser partidario y verdugo de las primarias de forma simultánea. O escoger como economista de cabecera a Jordi Sevilla, el ministro lumbrera de ZP y empleado de PwC (puerta giratoria privilegiada) que, en plena burbuja inmobiliaria, quería jubilar los funcionarios a los 60 años y aumentar el sector público. En cuanto dice o hace algo, lo que sea, sale la baronesa andaluza, o un barón valenciano o uno asturiano, diciendo que sí pero no; o no pero sí. Todo liderazgo, sí. En altura.
