La desobediencia civil ha sido el eje programático de la CUP, la Candidatura de Unidad Popular, que ha obtenido 10 escaños en las elecciones del 27S. La evolución de la CUP ha sido espectacular: logró 126.435 votos (el 3,47%) en 2012, subió a 221.577 (7,14%) en las municipales del 24-M, y ha alcanzado los 336.135 (8,21%) el 27 de septiembre. O lo que es lo mismo: ha pasado de 3 a 10 escaños en el Parlament en las autonómicas y ha alcanzado 372 regidores en las municipales, cuatro veces más que los que tenía hace cuatro años. Su lema es "desobediencia, anticapitalismo y cooperativismo". Su proyecto de ruptura pasa por la desobediencia a la legalidad española desde el primer momento? La candidata de la CUP Anna Gabriel explicaba pocos días antes del 27S: "Cuando la gente sale a manifestarse a la calle de forma masiva, el mensaje que lanza es independencia. Declarémosla unilateralmente, empecemos desobedeciendo, haciendo valer la legitimidad popular, de que se quiere vivir al margen de su imposición". Con todo, la CUP sigue siendo una opción claramente minoritaria, que muy probablemente ha tocado techo, a juzgar por la estructura socioeconómica de Cataluña.
CDC, la formación matriz de CiU que ha mantenido una potente presencia política desde su fundación en 1978 y que gobernó el Principado desde 1980 hasta 2003 y de 2010 hasta la ruptura con UDC, ha sido en cambio un partido burgués tradicional, aplicado a la defensa del estado de derecho y al cumplimiento de las normas inherentes a la democracia política. Y ni siquiera la irritación que trata de exhibir ese partido como coartada de su independentismo reciente puede justificar que haya abdicado de sus principios para abrazar precisamente los de la CUP. Que son los de la desobediencia civil y los hechos consumados, literalmente revolucionarios: el incumplimiento de la ley es un designio que escapa de los márgenes democráticos y obliga a las instituciones a restaurar el principio de legalidad por todos los medios, y no sólo mediante la política.
La desobediencia civil es un concepto antiguo, objeto del célebre ensayo de David Thoreau en 1849, y fue emulado por disidentes históricos como Desmond Tutu en Sudáfrica y Martin Luther King en los Estados Unidos, en ambos casos contra las leyes racistas. Invocar la desobediencia civil en la opulenta Cataluña contra un régimen democrático perfectamente homologable con los más avanzados del mundo e inquívocamente legítimo puesto que fue elaborado y aprobado por una clamorosa mayoria social resulta sencillamente ridículo. Y desacredita a quienes predican semejante excentricidad ante toda la comunidad internacional.
En democracia -produce sonrojo tener que repetirlo-, las constituciones políticas son abiertas -es decir, incluyen las fórmulas para su reforma interna- y los regímenes evolucionan de la ley a la ley mediante procedimientos legislativos sucesivos. Y es profundamente antidemocrático optar por procedimientos traumáticos de cambio cuando no se dispone de mayorías suficientes para provocarlos por la vía tasada. En el caso de Cataluña, la evolución del sistema vigente debería llegar mediante la negociación y el pacto, bien fuese para promover la reforma constitucional, bien para llevar a término una nueva reforma del Estatuto o cualesquiera otra mudanza (el sistema de financiación, pongamos por caso). El camino montaraz de los hechos comsumados, de la vulneración de la legalidad o de la desobediencia civil es en cambio inadmisible y encontrará enfrente todo el peso del Estado de Derecho, que tiene medios suficientes para desactivar la ilegalidad e imponer el cumplimiento estricto del ordenamiento democrático.
