El gobierno de Cataluña ha exigido al Estado el 33% del dinero del fondo autonómico que queda por repartir. Son 2.300 millones para "financiar servicios públicos". Hacienda ha manifestado "estupor" por la reclamación.
La 'desconexión' que postula Artur Mas, al frente del proceso soberanista, va precedida al parecer de un proceso de conexión que trata de sacar del Estado todo el jugo posible. Con una particularidad: en anteriores ocasiones, cuando padecíamos la escasez derivada de la crisis y de la necesidad de realizar ajustes, todas las comunidades autónomas tenían dificultades para financiar los servicios públicos y -pongamos por caso- resarcir a las farmacias del dinero adelantado. Ahora, en cambio, sólo Cataluña exhibe una desviación grave del déficit, poco justificable porque ni siquiera hacen lo mismo las comunidades peor financiadas, lo que pone de manifiesto una clara situación de desgobierno y de despilfarro en el Principado en cuestiones que nada tienen que ver con la buena administración.
Sería inadmisible que los catalanes pagaran las culpas contraídas por los malos gobernantes (aunque estos han sido elegidos por aquellos), pero es evidente que en las actuales circunstancias el gobierno de Cataluña deberá justificar hasta el último céntimo un déficit que, en el mejor de los casos, hay que atribuir al hecho de que, desde hace mucho tiempo, el ejecutivo catalán está en otras cosas que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos.
