Ya no es momento de lamentar que el conflicto catalán no se haya abordado más y mejor desde hace años, lo que hubiera evitado su exacerbación y su enquistamiento, que hoy dificultan gravemente cualquier solución. Hoy, cuando el nacionalismo plantea una ruptura de la legalidad y la ulterior 'desconexión' de Cataluña del resto del Estado, es la hora de apostarse firmemente en las instituciones y de hacer valer el Estado de Derecho. Porque lo relevante ya no es que un sector de los catalanes -minoritario, según el recuento instado por los propios nacionalistas- pretenda la independencia sino que unos partidos políticos hayan decidido violar el principio de legalidad para conseguir unos objetivos políticos al margen de la Constitución. Se trata de un golpe de estado -incruento, faltaría más-, como diagnosticó con su proverbial agudeza Alfonso Guerra, en el que la lista unitaria que engloba a CDC y a ERC, insuficiente, ha tenido que supeditarse a la voluntad de la CUP, una organización de izquierda radical que, entre otras cosas, postula otra 'desconexión': la que apartaría a Cataluña de la Unión Europea, de la OTAN, del BCE, del FMI, etc.
Frente a este dislate, cuyo próximo paso podría ser la aprobación de la ya conocida propuesta de resolución que equivale a la famosa DUI, la 'declaración unilateral de independencia', el Gobierno de la nación, secundado por las fuerzas democráticas y en combinación con ellas, debe plantear un itinerario acorde con la envergadura de la provocación y con la evolución de ésta. Fuentes fidedignas aseguran que el gabinete presidencial ha preparado con gran minuciosidad dicho itinerario, cuyo primer hito sería precisamente la intervención pública de advertencia de Rajoy el pasado martes, horas después de que se hiciera pública la inefable propuesta de resolución.
Dicha estrategia incluiría el recurso de las decisiones ilegales ante el Tribunal Constitucional, que acaba de ser reforzado por la recién aprobada "Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho".
Asimismo, el Estado se ha dotado recientemente de la ley de Seguridad Nacional, que, según su articulo 3, hace referencia a "la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos".
Finalmente, podría ser de aplicación el artículo 155 de la Constitución, que requiere un requerimiento previo al presidente de la Comunidad Autónoma que incumpliere las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen, y que podría derivar en la suspensión de la autonomía. Rajoy ya ha manifestado, sensatamente, que no es partidario de esta solución extrema, que abriría heridas de difícil sutura.
El plan -se afirma- está completamente perfilado, llega hasta estos extremos y prevé la toma de control por el Estado de los mossos d'esquadra, e incluso el recurso a las fuerzas de seguridad del Estado -la guardia civil- si fuera necesario. Además, existe ya un canal de comunicación permanentemente abierto entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, que habrían acordado íntegramente la estrategia. Y es todo tan obvio y tan fácil de imaginar que lo sensato sería que los promotores del delirio desistieran de él antes de que haya que escenificar un drama que a todos nos perjudicaría gravemente.
