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Matías Vallés

Al Azar

Matías Vallés

Disuelvan la Policía Local

No se puede promover la voladura sin contemplaciones de sa Feixina, y aplicar tibias cataplasmas a la corrupción en la cúpula de la policía local. Cort solo reacciona empujado por los acontecimientos. Ni siquiera reclama la inmediata reincorporación de sus vacaciones del jefe del cuerpo, de quien el magistrado afirma que "el señor Morey, para favorecer y encubrir a un corrupto, no ha tenido reparo alguno en cometer una clara falsedad documental, mintiendo descaradamente en el informe que remite al juez". Entre otras lindezas. Ni juntas de mandos inoperantes, ni el ascenso del alcalde a comisario con pistolón. Disuelvan íntegramente el cuerpo. Los números nos avalan.

La Policía Local acredita medio centenar de cargos más que presuntamente corruptos, y el juez habla de "otros muchos agentes". Las frases más socorridas sobre su labor criminal es que "esto ocurre desde hace muchos años" y que "todo el mundo lo sabía". Por tanto, y con una cifra modesta de seis íntimos por policía tóxico, hasta tres centenares de miembros del cuerpo albergaban sospechas fundadas. No denunciaron, por pasotismo o por miedo a las evidentes represalias. Lo cual es comprensible humanamente, pero obliga a plantearse de qué sirve un policía que no persigue un delito, y si no sería preferible contratar a personal fresco, sin contaminar. El juez recuerda que los que callaron, también delinquieron.

Ergo, la corrupción y su tolerancia afectan a una tercera parte de la policía local. La cuota equivale a que España contara con quince millones de delincuentes armados, en activo y con rango de autoridad. La degradación del servicio está garantizada. La disolución del cuerpo envenenado no supondría merma alguna para los agentes honrados, que simplemente serían rescatados tras el chequeo. No es casualidad que todo empezara cuando guardias civiles importados detuvieron a Los Ángeles del Infierno, el juez implica "a distintos cuerpos" policiales. Tampoco es aleatorio que se enfatice la situación de los hombres de negocios damnificados, cuando el juez habla de otros empresarios que, con políticos y funcionarios, "formarían parte de una verdadera organización criminal".

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