La pertenencia de España a Europa ya no es un factor accidental: se ha vuelto hace tiempo un asunto ontológico y decisivo, toda vez que tenemos transferida buena parte de nuestra soberanía a Bruselas. La propia experiencia de la crisis ha puesto de manifiesto nuestra dependencia, que no es una servidumbre sino una sublimación: el proceso de integración continental ancla nuestra democracia a Occidente y es un elemento de desarrollo y de progreso incuestionable.
Dicho esto, es obvio que el factor europeo tiene su influencia en los procesos electorales españoles aunque los partidos autóctonos no se hayan federado todavía a escala europea (las internacionales son más retóricas que funcionales). En las instituciones de Bruselas compiten también las ideologías, y ello repercute sobre los países miembros, aun cuando, en teoría, los comisarios europeos tengan la obligación de anteponer el interés europeo al de su estado de procedencia.
El conocido incidente protagonizado por el comisario Moscovici, quien anunció anticipadamente, antes de que se produjera el acuerdo formal, que el presupuesto español para 2016 no cumplía los requisitos de déficit público, ha explicitado las tensiones existentes en Bruselas. Evidentemente, el anuncio efectuado por Moscovici -socialista francés- interfiere con las perspectivas electorales de partido del gobierno español, el PP, que basa su campaña en su buen hacer económico, que ha logrado dejar atrás la crisis. Y ha dado bazas al PSOE. Lo sucedido ha despertado varios viejos fantasmas, como las dudas alemanas sobre la procedencia de que Bruselas intervenga en los presupuestos nacionales (Schäuble ha reaccionado elogiando la política económica de Rajoy). Y la condescendencia final del colegio de comisarios con España (será el próximo gobierno surgido del 20D el que, si procede, corrija los presupuestos) ha dado alas a Portugal para no elaborar su presupuesto hasta que se forme un gobierno estable, y a Italia para negarse a efectuar correcciones?
Pero si la Comisión ha perjudicado objetivamente la campaña de Rajoy, el Partido Popular Europeo (PPE) del que forman parte los principales líderes institucionales de la UE se ocupará desde hoy de favorecerle. Una docena de jefes de Estado, con Angela Merkel al frente, así como los presidentes del Consejo Europeo (Donald Tusk) y de la Comisión Europea (Jean Claude Juncker) y no menos de catorce comisarios desembarcarán hoy y mañana en Madrid. Mariano Rajoy ya ha asegurado que la reunión permitirá constatar el "respeto, apoyo y aprecio" del PPE al PP y al Gobierno.
Las encuestas confirman que los españoles son mayoritariamente europeístas, aunque en los peores momentos de la crisis, allá por septiembre de 2013, el porcentaje de españoles favorables a la integración de España en la UE se redujo al 47%. Pero si se desciende al terreno puramente económico, es palpable que una mayoría de ciudadanos/electores cree que las duras y rigurosas políticas de ajuste neoliberales, que han generado severa desigualdad aquí dentro, fueron excesivas e innecesarias. De ahí que las ventajas que pueda obtener el PP de esta aglomeración de líderes conservadores europeos, los mismos que tomaron las grandes decisiones durante la crisis, sean cuando menos dudosas.
En realidad, la Europa que desean los más fervientes europeístas sería la que hubiese superado su déficit democrático, es decir, aquella en que las grandes decisiones no provinieran de los cenáculos poco transparentes que reúnen a los primeros ministros sino de los grandes debates en el Parlamento Europeo, con sus correspondientes votaciones parlamentarias. Por ello, el efecto del 'factor europeo' en nuestras propias elecciones es hoy por hoy ambiguo y dudoso.
