Posponer las elecciones más allá de lo razonable llevándolas al 20 de diciembre tenía un objetivo nítido: conseguir que la recuperación económica se palpase en la calle. Mariano Rajoy, aconsejado por no se sabe quién o imbuido, lo que es más probable, de su habitual indolencia, ha querido apurar el calendario hasta su última hoja. Aprobar cinco presupuestos cuando el mandato es de cuatro años. Se supone una estrategia que, además de la de obtener que se aprecie la pretendida recuperación, agote al adversario, según interpretación de un conocido analista que no desfallece a pesar de sus reiterados y llamativos desaciertos a la hora de pronosticar los desenlaces. Al presidente Rajoy y al PP los 65 días que hay que consumir hasta arribar al 20 de diciembre se pueden transmutar en una agonía inacabable, en dos meses que está por saberse si no depararán más y mayores destrozos de los que estamos contemplando.
Apenas se ha cumplido una semana desde que se certificaba que la situación tendía a complicársele al PP. Lo que no era de esperar es que la secuencia de acontecimientos iba a encadenarse siete días más tarde de tal manera que ya puede hablarse sin remilgos de que el partido del Gobierno ha entrado en una vorágine autodestructiva que, reiterémoslo otra vez, día a día incrementa las semejanzas con el suicidio que 35 años atrás protagonizó UCD. Es francamente difícil asistir a una concatenación de acontecimientos como los que acabamos de vivir: el ministro de Hacienda destripando a algunos de sus compañeros del Consejo de Ministros y del partido, además de embestir contra Aznar; la presidenta del PP vasco anunciando en solitario su dimisión; una diputada popular espetándole a Rajoy que con él no va a ninguna parte; el presidente de Castilla-León, uno de los llamados "pata negra" de los populares lamentando públicamente que el Gobierno le ha dejado a los pies de los caballos en el asunto de la minería, que le ha abandonado y, para redondearlo, la exhibición de un video electoral en el Congreso de los Diputados, primero sonrojante y después simplemente hilarante al saberse que es una copia, algo mejorada, de otro emitido años atrás en la campaña electoral de las elecciones presidenciales de, atención, la República Dominicana.
Parece irreal que lo descrito se haya plasmado en poco más de 48 horas, pero así ha sido. En dos días, el PP ha contemplado impotente, rebotado con algunos de los suyos, las consecuencias de la inacción de la dirección del partido, la ausencia de una estrategia adecuada para llegar a las elecciones con tambaleantes garantías de que podrán salvarse algunos muebles. Solo algunos, porque ser más ambicioso ya no está al alcance de quienes han echado a perder día a día el notable caudal de provisional confianza que se puso en sus manos el 20 de noviembre de 2011.
¿Para qué necesitaba Mariano Rajoy aprobar sus quintos presupuestos? Ofrecer un cuadro suavemente reconfortante, como el que nos muestra el desvergonzado video promocional exhibido sin pudor en el Congreso de los Diputados, ya no es posible: la Comisión Europea se ha encargado a conciencia de desbaratar la pretensión al anunciar que el gobierno que salga de las elecciones tendrá que ejecutar recortes por un montante cercano a los diez mil millones de euros a fin de embridar el déficit público, que se ha desviado en unas cuantas décimas. Ver al ministro de Economía, Luis de Guindos, y al propio presidente Rajoy intentando desmentir lo dicho por Bruselas ha sido francamente lamentable. Guindos, desde que perdió la presidencia del Eurogrupo, cuando se había vendido que la tenía sobradamente ganada, es un alma en pena. Aguanta en el Gobierno por carecer de alternativa. Sus declaraciones para contrarrestar lo dicho por el vicepresidente de la Comisión, el francés, Moscovici, ha sido un manual de más de lo mismo. Le ha superado ampliamente la explicación ofrecida por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Rafael Hernando, el hombre menos adecuado en el lugar más inconveniente, ha sentenciado que la desviación del déficit se debe a los ayuntamientos que desde hace 100 días están siendo gestionados por Podemos y PSOE. Lo sorprendente no es que Rafael Hernando diga semejante sandez sino que no haya nadie en los ministerios de Economía o Hacienda que, revestido de un cierto sentido del ridículo, no le diga al portavoz que busque otra excusa, que la que ha emitido suena demasiado a intento de tomadura de pelo, lo que a dos meses de las elecciones es muy contraproducente.
La semana se cierra, para abonar los disgustos a Rajoy, con lo sucedido ayer en Barcelona: el president Artur Mas declara ante el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña flanqueado por 400 alcaldes. La citación judicial, inevitable por la actuación de la Fiscalía, que ha obedecido órdenes directas del Gobierno, hará nuevamente presidente de la Generalitat a quien se ha querido neutralizar por medios escasamente democráticos. ¿Cómo se entiende, al margen de las diatribas que se emiten desde las terminales mediáticas de la derecha dura madrileña y algunos medios gubernamentales, que al hecho de organizar un simulacro de referéndum, porque lo de noviembre de 2014 fue una llamativa pantomima, se responda echando encima del presidente de la Generalitat el entero aparato judicial del Estado? A la sobreactuación se han sumado, además, sin ninguna necesidad el Tribunal catalán y el Consejo General del Poder Judicial, organismo que, presidido por Carlos Lesmes, ha alcanzado unas cotas de indignidad política casi insuperables, superiores a las conseguidas a lo largo de su desprestigiada existencia. Artur Mas será investido presidente de la Generalitat. A la CUP le han puesto imposible hacer cualquier otra cosa. Los alaridos de triunfo que se oyeron en la noche electoral catalana ahora se comprueba que estaban fuera de lugar. Artur Mas ganó ampliamente. Con contundencia.
Lo descrito es lo que ha dado de si la semana que concluye. No está mal para quedarnos a los 65 días de las elecciones generales. ¿Se aguantarán un par más como ésta?
