En marzo de 2013, Antonio Muñoz Molina publicó un severo artículo sobre la pésima situación de la educación en España. Se titulaba "Memoria crítica", y en él afirmaba que nunca faltaron en España los defensores de la ignorancia, que solían pertenecer "a los gremios más reaccionarios, y por lo tanto más interesados en la sumisión analfabeta de las mayorías. Nada como la ignorancia para asegurar la fe en los milagros y la reverencia hacia los terratenientes, y para asegurarles a estos las masas de jornaleros dispuestos a trabajar a cambio de salarios de limosna en sus latifundios, y en caso necesario a dejarse poner uniformes y a servir de carne de cañón". Frente a ellos, "predicadores de los catecismos socialistas utópicos del siglo XIX alentaban con una misma elocuencia las cooperativas obreras y la instrucción pública, y las primeras mujeres rebeldes que reclamaban la igualdad con valentía inaudita celebraban el aprendizaje y el conocimiento como herramientas necesarias para conseguirla". [...] "A la II República le dio tiempo a hacer pocas cosas, pero algunas de las prioritarias fueron las escuelas y los institutos, y unos planes de bachillerato tan rigurosos que ni el franquismo pudo desguazarlos del todo. Que los matarifes del ejército sublevado en julio de 1936 se dieran tanta prisa en ejecutar a los maestros de escuela es el indicio de otro orden de prioridades".
Por ello, -seguía diciendo Muñoz Molina- "una de las sorpresas más desagradables de la democracia fue que la izquierda abandonara su viejo fervor por la instrucción pública para sumarse a la derecha en la celebración de la ignorancia. Y así se ha dado la paradoja de que al mismo tiempo que se cumplía el sueño de la escolarización universal triunfaba una sorda conspiración para volverla inoperante".
Lo cierto es que se han cumplido varias alternancias al frente del Estado en esta ya relativamente larga etapa democrática y continuamos padeciendo las consecuencias de una pésima educación, que nos impide disfrutar de un modelo avanzado de crecimiento, que debería caracterizarse por un alto valor añadido y por altas cotas de productividad, que han de provenir -no hay otro modo de lograrlo- de un extraordinario esfuerzo en el campo de la educación, que ha de ser previo a mayores inversiones en investigación y desarrollo
Los estudios de la OCDE han confirmado que nuestro país está aplicando a la educación recursos suficientes, medidos en términos de inversión por escolar. Lo que falla no es, pues, la aplicación presupuestaria sino el método, los procedimientos, la organización de la escuela. De hecho, hemos sufrido un vaivén normativo inaceptable: desde 1970, año en el que entró en vigor la Ley General de Educación con Franco, vigente durante los primeros años de democracia, se han promulgado dos leyes educativas elaboradas por la UCD y cuatro confeccionadas por el PSOE. La Ley Wert (la LOMCE) ha sido la primera del Partido Popular, ya que en 2002 redactó Aznar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación que nunca llegó a aplicarse por la llegada del PSOE al poder en 2004. La LOMCE en vigor, ya rechazada por la mayoría de las comunidades autónomas, adolece del mismo defecto que las anteriores: no es fruto del consenso y probablemente tiene los días contados.
En la etapa final de la legislatura anterior, el entonces ministro Ángel Gabilondo estuvo a punto de lograr el acuerdo educativo, pero el intento se frustró por la anticipación electoral y la negativa del PP. Estamos hoy, de nuevo, en el punto de partida. Porque el logro de una buena educación consensuada sigue siendo el gran objetivo inalcanzado de nuestro modelo democrático.
