La dirección de Volkswagen está actuando con habilidad: lo primero que ha hecho ha sido transferir su propio problema a los países colonizados por la compañía para que éstos mediten con cuidado su respuesta a la estafa: la matriz, causante del desaguisado, muñidora de la falsificación, ha avisado ya solemnemente de la suspensión de todas las inversiones "no urgentes" que estaban programadas. Y ha dado a entender que la crisis puede poner en peligro los empleos existentes.
¿Qué se supone que debemos hacer, ante este anuncio amenazante, los consumidores y los Estados? ¿Habrían de renunciar los perjudicados a la revisión y reparación de sus automóviles y a las indemnizaciones a que hubiera lugar? ¿Deberíamos callarnos los ciudadanos y seguir comprando dócilmente vehículos de esta marca, como si nada hubiera ocurrido? ¿Deben abstenerse los sistemas judiciales de los países concernidos de actuar contra los falsificadores para no provocar su ira?
Lo grave es que si Alemania no toma cartas en el asunto y el Estado germano no asume gallardamente las responsabilidades contraídas por una de sus empresas punteras, el chantaje surtirá efecto, Volkswagen se irá casi de rositas de su gran estafa y se habrá sentado un terrible precedente que desarmará todavía más a ciudadanos y países frente a las grandes multinacionales.
