La memoria y presencia pública de Maria Antònia Munar lleva más de dos años diluyéndose en el anonimato de la cárcel. Sólo recupera actualidad cuando lo hacen algunas de las causas penales en las que está encallada. O cuando su defensa plantea alguna posición que pueda mejorar su amarga condición de presa. La estrategia, comprensible tal cómo están las cosas, parece decantarse por este último aspecto en las últimas semanas.
Munar nunca ha reconocido haber cometido actos fraudulentos. Sí lo han hecho, en cambio, el resto de reos procesados por las mismas causas que le afectan. Esta y el liderazgo de las tramas que se le asignan o atribuyen, en algunos casos ya a nivel de condena, es la principal diferencia que le separa de la antigua cúpula de aquel partido político llamado UM, deformado en asociación para delinquir.
Munar cumple penas de 11 años de cárcel por la suma de las condenas de la venta fraudulenta de Can Domenge y las desviaciones de Video U. La siguiente afrenta procesal para ella es la segunda parte de Can Domenge por lo que respecta al pago de sobornos y comisiones. Una nueva condena para quien un día fuera mujer omnipresente de la política balear, se presume inevitable desde el momento en que otros socios de la trama han admitido en sede judicial que los cobraron y Roman Sanahuja confesado que entregó cuatro millones a emisarios de UM como soborno por la compra del solar en el que acabaron vertiéndose parte de las corrupciones que lucraban al partido y a sus dirigentes. Todo cuadra excepto las palabras y la actitud de Munar, pero es un comportamiento que tiene visos de ser vencido, de manera más o menos inmediata, por la evidencia de los hechos irreversibles y de las condenas de la Justicia.
A Munar se le ha instruido y alentado sobre la conveniencia de pacto con el fiscal. Le instruye también sobre ello la cruda realidad con la que topa a diario en la cárcel. Pero pactar es negociar y, cuando se está en posición de debilidad, aceptar las condiciones de la otra parte. La defensa de Munar está pactando, seguro. Un día no demasiado lejano anunciará que su clienta aceptó sobornos y cobró comisiones. También se prestará a devolver, por lo menos en parte, el dinero amañado. Entonces el fiscal podrá aplicar a su petición de condena los atenuantes de confesión y reparación del daño causado. Todo quedará a punto para sellar el pacto.
Se habrá impuesto la fuerza de los hechos y la realidad irreversible, antes que la voluntad de cambiar las cosas. La confesión será interesada antes que expresión de arrepentimiento sincero o propósito de enmienda. Aparte de los intereses y conveniencias personales sobre las que se ejerce una legítima defensa, este es el verdadero problema y el motivo de preocupación desde el punto de vista del respeto que se debe al ciudadano y de la adulteración del servicio público.
