Siempre igual. El péndulo que todo lo despista con sus oscilaciones y nunca marca la hora exacta, vuelve a estar a pleno rendimiento. El Govern Bauzá se jactaba, amparado por su sobrada mayoría absoluta, de haber puesto orden y criterio en los aspectos más relevantes vinculados al urbanismo, la industria y el comercio de Balears. Lo hizo con comodidad y con unos planteamientos claramente expansivos, a través de las leyes Turística, del Suelo y Agraria. Con ellas, casi todo se daba por autorizado y lo hecho al margen de la ley se entendía como perfectamente reciclable desde la perspectiva legal.
Para la oposición del momento fue un escándalo. Quienes quedaban al margen de la órbita del PP se conjuraron para prometer que el día que alcanzaran el poder derogarían los aspectos más permisivos de las leyes referidas. En este punto estamos. La oposición de ayer es el gobierno de hoy y viceversa. Los nuevos inquilinos del Consolat de Mar deben cumplir por lo menos con algunos de los aspectos prometidos que les tolera la falta de recursos económicos y la precaria financiación autonómica.
Tropiezan todavía con otro handicap. El del decreto ley del que tanto abusó Bauzá a pesar de sus mayorías y que ellos criticaron por reincidente. Servirse continuamente de él significa desvirtuarlo, pero en ocasiones de excepcionalidad se vuelve muy útil. Es posible que ahora estemos ante uno de estos momentos únicos. El Govern que no quería decretos ley firmará la primera norma de este tipo para derogar los aspectos más polémicos de las leyes promulgadas por el campeón de los decretos ley. Así es la política. Armengol sabe que, de no actuar de esta forma, mientras tramita el procedimiento ordinario de los cambios, se le puede colar precisamente todo lo que quiere evitar. Así que el decreto inmediato servirá para poner coto al articulado de las leyes Turística, del Suelo y Agraria que dan campo libre a los complejos levantados en suelo rústico, otorgan amnistía a las casetas de aperos transformadas en viviendas y dan por buenas grandes urbanizaciones en puntos sensibles y conflictivos. De paso también está previsto regularizar los alquileres turísticos y penalizar con nuevos impuestos a quines sólo arrendar en verano.
El Ayuntamiento de Palma, en la misma línea, se ha adelantado un paso a los nuevos criterios del Govern y ha paralizado los expedientes para la modernización de hoteles en la Platja de Palma porque dice haber topado con el coladero que el Ejecutivo autonómico pretende evitar ahora. Los hoteleros, sin embargo, han reaccionado de inmediato apuntando que, de no resolverse la situación, se pueden acabar perdiendo inversiones de reforma por valor de 150 millones en los establecimientos turísticos de la zona. Cabe insistir, una vez más, en que todo junto es consecuencia de las improvisaciones y de la manifiesta incapacidad de la clase política por alcanzar consensos básicos en cuestiones esenciales.
