Saltos de alegría de haber dado Artur Mas al recibir la noticia de su imputación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras considerarle los fiscales autor presunto de los delitos de prevaricación, desobediencia, obstrucción a la justicia y malversación de fondos públicos. El todavía presidente de la Generalitat arrastraba como penitencia lamentable el resultado pésimo de su formación en las últimas elecciones si se consideran lo que formalmente eran, elecciones autonómicas porque la suma de los escaños de los grupos que estaban dispuestos a votar su investidura no le bastaba para continuar en el cargo. Habida cuenta de que Artur Mas organizó la consulta electoral e hizo campaña sin programa alguno y con un único punto como objetivo de gobierno, el de dar los pasos necesarios para poder proclamar la independencia de Cataluña, es obvio que ninguno de los partidos constitucionalistas iba ni por asomo a darle sus votos. Pero el grupo con mayor talante independentista de todos los que se presentaron a las elecciones, la Candidatura d'Unitat Popular, la CUP, era también el que mayor rechazo había manifestado antes y después de la jornada electoral a Artur Mas.
La única salida que le quedaba por delante al presidente actual para soñar con su mantenimiento al frente de la que va a ser legislatura difícil y extraña era la de vender su imagen como símbolo de la opresión que sufre, de acuerdo con su propia lectura de los tiempos y los modos políticos, Cataluña. Pues bien, la imputación por organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre es ese clavo ardiendo que Convergència y Mas buscaban a la desesperada. Cuenta con todos los condicionantes para que la CUP se replantee su rechazo frontal a Mas y así lo han declarado y exigido sin el menor pudor los propios dirigentes de la excoalición, CiU, que con tanto éxito ha logrado reducir Artur Mas casi a la nada.
De hecho, la major baza para el soberanismo que cabe imaginar es que Mas sea reelegido como presidente, se le juzgue y se le condene por sacar las urnas a la calle el 9N. Si tergiversar la Historia es fácil y harto común entre la clase política, ni que decir tiene lo que contribuye a ello el que a un presidente en ejercicio se le juzgue por pedir a los ciudadanos que voten; ni siquiera es necesario que sea condenado. Quienes sostienen que la judicialización de la política es un error tendrán en esta noticia el mejor ejemplo. Pero lo cierto es que los fiscales y la justicia debería haber intervenido ya hace mucho tiempo en Cataluña imputando a su presidente aunque no por la consulta del 9N sino por el asunto muchísimo más grave de la supuesta corrupción ligada a las ya famosas comisiones del 3%. Planteada en esos términos, la imputación de los señores Mas y Pujol, por supuesto sería una noticia imposible de relacionar con persecución alguna a Cataluña; bien al contrario. Y es fácil imaginar lo que, llegado ese caso, harían todos los diputados de la CUP.
