Otra vez en candelero por boca de la consellera de Salut, que dijo hace unas semanas confiar en que sea una realidad para el curso 2016-17. La polémica se arrastra desde hace más de una década sin que las circunstancias, en mi criterio, sean ahora más propicias para su implantación, y es que tanto en asistencia sanitaria como en lo que respecta a docencia e investigación, la priorización dada la limitación de recursos aconseja resolver necesidades, y en consecuencia inversiones, más perentorias.
La sostenibilidad de una sanidad con niveles de excelencia se enfrenta a un costo creciente, teniendo además en cuenta que la inversión pública en esta área y con relación al PIB, se halla un par de puntos por debajo de Alemania o Francia. Desde esa constatación y teniendo en cuenta que el gasto va a aumentar como nunca en el pasado (creciente demanda asistencial a resultas del envejecimiento poblacional, encarecimiento de los nuevos fármacos, necesidad de actualización tecnológica?), los más de tres millones de euros/año que podría suponer la puesta en marcha de la facultad, como se apuntó en su día y ello en el supuesto de que pudieran evitarse las obras, no son cuestión menor, dado que las islas precisan afianzar un marchamo de calidad asistencial que no pasa buenos momentos y anda necesitado de una distinta planificación que adecue la inversión a las necesidades demostradas.
Las pruebas para el diagnóstico precoz sufren inadmisibles retrasos, los estudios epidemiológicos están bajo mínimos e igual sucede con los registros poblacionales; las campañas educativas para la prevención no gozan de la prioridad debida y, en cuanto al dispositivo asistencial, en 2014, a título de ejemplo, se sobrepasaban los 100 días en listas de espera quirúrgicas. El copago sanitario no contempla la excepción para colectivos necesitados de discriminación positiva y, desde la atención primaria a la hospitalaria, las carencias son manifiestas. Por lo que hace a la primera, Balears disponía el año pasado, respecto al conjunto del estado, de la menor tasa de médicos por mil habitantes, lo que se traduce en una excesiva presión asistencial sobre los hospitales. En consecuencia, merman las garantías de un correcto cuidado, necesitado en paralelo de mayor inversión en personal y utillaje.
Frente a semejante escenario, quienes abogan por la facultad ponen el énfasis en un agravio comparativo (la única comunidad, junto a La Rioja, que no cuenta con la misma), pese a que no hay evidencia alguna de que su creación supusiera una mejora sustancial en el ámbito sanitario y, en esta línea, la conferencia de decanos desaconsejó en 2013 abrir nuevas facultades de medicina. La calidad asistencial nada tiene que ver con la formación de profesionales cerca de casa, sino con la competencia de quienes ejercen tras estudiar donde sea y los recursos de que disponen. Previo pago de su importe. Bajo ese prisma económico que mediatiza también, y entre otras áreas, la medicina asistencial, ¿gastar dinero para formar aquí nuevos médicos? ¿A cuántos? Porque de ser sesenta o setenta al año, a tenor del número de baleares que cursan la carrera fuera, parece razonable sopesar la conveniencia de habilitar un número suficiente de becas que promuevan la igualdad de oportunidades respecto a otros estudios ya implantados en Mallorca. Nuestros futuros médicos podrían formarse en las facultades de mayor prestigio, adquirirían una visión más cosmopolita al conjurarse la endogamia y, por ende, nos saldría mucho más barato.
Y cierto es que docencia e investigación son actividades que deben potenciarse, pero ni son necesariamente interdependientes, ni precisan una facultad de cuyas enseñanzas no se sigue obligadamente una mejora de la actividad investigadora, que puede ser perfectamente ejercida en hospitales, la UIB?, y auspiciarse desde el propio Instituto de Ciencias de la Salud, creado en 2003 por convenio entre el Govern y la universidad. Por supuesto que es imprescindible allegar fondos privados y públicos (seguramente será más eficiente invertir en proyectos novedosos que en los sueldos a docentes en una hipotética facultad), así como proporcionar becas pre y postdoctorales para la adecuada formación en investigación básica y/o clínica, haciendo así posible contar con equipos competitivos en el ámbito internacional; fomentar la inclusión de los mismos en grupos cooperativos (la globalización también es propia de esta tarea, y hablo desde la experiencia)? Pero nada de lo anterior se subordina a la existencia de una facultad, que parece más bien recurso disfrazado para colgarse una medalla: quienes la creen y quién sabe si también algunos aspirantes a catedráticos.
Estamos, una vez más, frente a propuestas de dudosa utilidad cuando no directamente prescindibles, mientras se escurre el bulto ante las reales y demostrables carencias que claman por esos dineros. Habrá que seguir con atención la evolución del tema en los próximos meses, así como sus eventuales justificaciones, de ser el caso.
