Si hay una imagen que el Govern Armengol no quería para sí, es la de los funcionarios públicos enfrentados a sus decisiones. Lo vivido bajo la gestión del Ejecutivo Bauzá es motivo sobrado para repudiar tal escenario. Es más, el actual Pacte ha dado a entender que, bajo sus auspicios, nunca habría oportunidad de realizar tal fotografía. Ya la tiene. Incluso mucho antes de lo esperado por quienes aparecerán en ella.
Por si fuera insuficiente el inexplicable y peculiar efecto Podemos sobre el Govern balear, Francina Armengol festejará sus primeros cien días en el Consolat de la Mar con la música ambiente del griterío de los funcionarios de sanidad y servicios generales protestando por el impago del complemento de la carrera profesional. Cuando los docentes todavía mantienen en la recámara la vigencia de su convocatoria de huelga, el resto de empleados públicos que han visto evaporarse su plus de carrera profesional comienzan a insinuar que ellos también pueden llamar al paro.
Compromisos adquiridos y falta de liquidez en las arcas públicas. Entre estos dos parámetros se delimita el conflicto laboral que se está incubando. No quedará en mero constipado pasajero de temporada. Es la mala financiación autonómica de ahora y siempre.
El Govern Bauzá firmó con los sindicatos la recuperación del complemento de la carrera profesional a partir del próximo mes de octubre, pero el Ejecutivo actual no cumplirá este pacto heredado. El consell de Govern de ayer acordó el impago de este complemento por lo que resta de año y para el próximo. Alega rigurosa falta de liquidez, premura comprensible para poder abonar las nóminas y necesidad de ahorrar, para otros menesteres, los 40 millones que supondría el abono inmediato de la carrera profesional. Posterga el complemento hasta 2017, pero sin contabilizar los derechos que se adquieran de ahora hasta entonces.
Hay una interpelación del sindicalista Jordi Crehuet que resulta útil para retratar y resumir la situación actual. "¿Acaso somos nosotros el Banco de España?" se pregunta el representante de UGT en la Administración Autonómica, para concluir después que de lo que se trata es de presentar mayor afrenta "al ministro Montoro, en vez de castigar a los funcionarios".
Cierto, pero es una equiparación que, de forma directa o indirecta, pueden realizar la práctica totalidad de colectivos y de residentes en Balears que, de una forma u otra, ven lesionados sus derechos y aspiraciones por efecto de la injusta y precaria financiación autonómica, añadida a la crisis general de recursos y trabajo. Los conflictos laborales, como el que ahora se cuece en el entorno de la carrera profesional, tienden a convertirse en constantes o endémicos mientras se mantenga la actual situación de precariedad financiera. Ello no quiera decir, por supuesto, que, de paso, no se deba realizar una gestión más eficaz del escaso contenido de las arcas autonómicas.
