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Antonio Papell

El Gobierno ha errado con la inhibición

El tópico ha circulado profusamente: Rajoy, maestro en la gestión de los tiempos, demostró su presunta talla de estadista al remolonear ante quienes le instaban a solicitar el rescate de la economía española cuando la prima de riesgo se disparaba hasta la estratosfera, de forma que no hay que dudar ahora de su maestría a la hora de manejar las cadencias en la gestión del conflicto catalán: la inhibición sistemática, la aplicación del criterio de intervención mínima, permitirá que el problema se diluya poco a poco y se resuelva espontáneamente.

La evidencia demuestra que el tópico era infundado. Y que si sonó la flauta por casualidad en lo del rescate, la pasividad frente al problema catalán está enconando el conflicto hasta volverlo inabordable. De entrada, la irritación de la ciudadanía catalana ha crecido hasta tal punto que todas las encuestas ya atribuyen a las formaciones independentistas resultados cercanos a la mayoría absoluta en votos y en escaños. En realidad, todo indica que mucha gente, independentista o no, ha decidido sumarse a última hora a las listas secesionistas para conseguir el 'cuanto peor, mejor': se trata de llevar la situación al paroxismo para que tanto Rajoy como Mas, los conductores del conflicto hacia el abismo, se aparten de la primera línea para que el problema pueda relajarse y entrar en la vía de la negociación y el pacto que a fin de cuentas quiere la mayoría de los ciudadanos.

Frente a la estrategia alocada de Mas, el Gobierno no ha sabido hacerse con la iniciativa. No se consintió el referéndum pero tampoco se impidió con energía, y hoy Mas está encausado por aquellas estridencias pero la Justicia ni siquiera se ha atrevido a poner en marcha el procedimiento. No se ha querido lanzar propuestas de reforma del régimen constitucional para corregir graves disfunciones en varias autonomías y encarrillar el problema catalán y se ha pensado ingenuamente que se podría contener a las turbas mediante el miedo: los comunicados de los bancos avisando de sus represalias han sido el más grave error que se podía cometer. Porque, en democracia, de lo último que abdican los ciudadanos / electores es de la dignidad. Y, como ha dicho un conocido sociólogo catalán que inexplicablemente se ha sumado a la causa independentista, "el miedo se supera con la indignación".

Desde el arranque del conflicto, que coincide con la llegada al gobierno catalán de Artur Mas, todas las encuestas han detectado: a).-que quienes se sienten a la vez españoles y catalanes son bastantes más que quienes se sienten exclusivamente catalanes; b).-que la propuesta de una tercera vía tiene siempre más adeptos que los partidarios de la independencia y que quienes se conforman con el actual régimen autonómico. Con estos mimbres, los gobiernos catalán y español tuvieron y tienen la obligación de conseguir un acuerdo. Claro que para ello hay que estar convencido de que la democracia es, antes que cualquier otra cosa, el más eficiente procedimiento de resolución de conflictos, que hay que manejar con decisión y hasta con tozudez para que rinda frutos.

Es probable que esta tarea ardua, que debe comenzar con el diálogo entre Cataluña y el Estado pero que debe contar con el coro multilateral de todas las comunidades autónomas, haya de ser abordada por gente nueva, menos contaminada que la que se ha implicado en el conflicto, pero de lo que no hay duda es de que, en cuanto se forme el nuevo gobierno español tras las generales, debe empezar un proceso constituyente que revise la organización territorial del Estado para obtener un nuevo consenso fundacional.

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