Las nuevas corporaciones municipales han llegado a sus primeros cien días, lo que permite un primer balance sobre su modo de actuar y la eficacia de las decisiones y prioridades que se han marcado.

Al contemplar lo realizado, y sobre todo lo que se ha dejado de hacer, se percibe una preocupación primordial de los alcaldes o alcaldesas y sus respectivos equipos de gobierno por marcar diferencias de imagen e ideológicas con respecto a los consistorios anteriores, con aplastantes mayorías del PP frente a los más plurales y sujetos en muchos casos a coalición y pacto de distinto signo. Precisamente estas coaliciones están imponiendo la tónica de los ayuntamientos que, a pesar de haber transcurrido tres meses, muestran comportamientos todavía incipientes, en buena medida porque prolifera el excesivo marcaje interno entre las formaciones políticas asociadas. Se observa mucha reunión, abundante conversación y limitada ejecución, lo cual significa que las coaliciones no están alcanzando la operatividad que el ciudadano necesita y espera de ellas. Los actuales ayuntamientos de Mallorca deberán mejorar muy notablemente en este sentido.

De momento, por lo general, quedan claros los planteamientos ideológicos de cada uno de los consistorios. También algunas situaciones de discrepancia o incluso cierta tensión protagonizados casi siempre por las opciones políticas más bisoñas, mientras que la gestión directa y eficaz se está postergando demasiado. Para avanzar hacia la eficacia y el servicio ciudadano deberían desterrarse algunos de los protagonismos exagerados con respecto a la representación electoral que se ostenta.

Otra de las claras diferencias se concreta en la preocupación por habilitar canales de participación ciudadana. Es un compromiso de muchos cargos electos que ahora tienen responsabilidad de gobierno pero que a su vez constituye un arma de doble filo porque no se sabe muy bien cómo se concretará y tampoco puede derivar en sucedáneo o evasiva del trabajo de alcaldes y ediles, que han sido elegidos para asumir responsabilidades y ejecutar iniciativas sin estar pendientes de una especie de obsesión asamblearia que cortocircuita en buena parte las dinámicas realmente operativas.

Sabemos mucho ya de lo que piensan los nuevos inquilinos de las casas consistoriales y menos de la ejecución real que podrán desplegar. Ocurre cuando persisten necesidades apabullantes o retrasos carísimos. En Palma, por ejemplo, el consistorio, sin competencia sobre la materia, se apresura a etiquetar la ciudad como antitaurina mientras la demora en la concesión del Palacio de Congresos cuesta seis millones al mes o se paraliza el proyecto de ses Fontanelles sin tener claro el alcance de las indemnizaciones que pueda comportar una deriva hacia la vía muerta de esta potente iniciativa. En tres meses de abundantes declaraciones de signo institucional ha habido tiempo de adecuar, como en todos los consistorios, cargos y sueldos, pero no para encauzar de forma solvente el permanente conflicto de la Policía, aunque hay que admitir que la herencia en este ámbito es realmente envenenada y de muy compleja solución. Las recientes inundaciones han delatado también el descuadre de prioridades y es preocupante cierta querencia a una escasa autocrítica en la siempre polémica EMAYA.

Inca y Manacor han marcando una radical distancia ideológica al negar permisos para celebrar en estos municipios el tercer centenario de la Comandancia Militar de Balears, pero demuestran escasa operatividad para redefinir el urbanismo de ambas ciudades. Manacor necesita con premura avanzar su Plan General bajo amenaza de multimillonarias indemnizaciones. Es el retrato inicial de los actuales ayuntamientos de Mallorca que, de momento, se han colocado el marco de sus ideologías pero, cumplidos los primeros cien días, necesitan avanzar sin trabas hacia una gestión eficaz y realista con las necesidades locales.