Siempre dando vueltas al mismo molino, pero sin posibilidad alguna de sacar agua. El cansancio resulta por tanto estéril. Nada se avanzará hasta que no se solvente el problema mayúsculo y todavía creciente, de la financiación autonómica. Ésta es una Comunidad cegada y atada a la noria de su propia deuda, pero, insistimos, no se puede sacar agua de un pozo seco.
Quizás lo más sensato y coherente de lo mucho y variado que se dijo ayer en el inicio del nuevo periodo de sesiones del Parlament, sea el llamamiento realizado desde la cómoda posición de Jaume Font, del PI, reivindicado el frente común para la financiación justa y adecuada. O el mismo envite de la presidenta Armengol en igual sentido. Sin embargo, a la vista de las reacciones, el PP no lo atenderá. Prosiguen los intercambios de acusaciones sobre la capacidad de cada uno para dilapidar las arcas públicas. Vana batalla para una Comunidad que ya no tiene liquidez para afrontar el día a día y que, antes que el pan, necesita el dinero para poder comprarlo.
Seguiremos, por tanto, sin desligar las ataduras de la deuda, por mucho que el ministro Montoro ya haya marcado el teléfono de la consellera Cladera para comunicarle la buena nueva de los preparativos para la convocatoria de la comisión bilateral de financiación, mientras el Govern busca el amparo de expertos para salir del atolladero. En tal trance obvia que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces no está previsto en la gestión política. No hay liquidez. La presidenta Armengol comunicó ayer a sus señorías que se ha tenido que habilitar un cajón de seguridad, con 50 millones, para poder hacer abonar las nóminas de Sanidad, Educación y Servicios Generales. La medida de urgencia implica la modificación del destino de fondos presupuestados pero no ejecutados en otras partidas que, evidentemente, se resentirán. Armengol ha acusado al PP de doblar la deuda, cifrada ahora en 8.995 millones, que Bauzá halló, lo cual le permite defender que "las políticas de austeridad y recortes no sirven para equilibrar las cuestas públicas".
El equivalente a la deuda financiera supone el 30% del PIB, 450 millones en el apartado comercial y 136 por lo que respecta a facturas contabilizadas. No hay posición de confluencia en todo ello. El PP sostiene que los 50 millones bloqueados para nóminas no son más que el método habilitado para regar la subida de impuestos y le preocupa más la política de nombramientos y un incremento de cargos que supone añadir un 1,6% de gasto a este apartado. Lo dicho, bronca y carencia de miras para afrontar el verdadero problema de la deuda.
