En esta interminable precampaña electoral que no acabará hasta las elecciones generales, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto que, si la matemática electoral es propicia, se busque y se consiga un pacto a tres entre PP, PSOE y Ciudadanos para llevar a cabo las reformas necesarias y suscribir una especie de "pactos de la Moncloa del siglo XXI".
Efectivamente, las encuestas sugieren que en la próxima legislatura habrá que formar un gobierno de coalición, PP-Ciudadanos o PSOE-Podemos. De momento, parece sacar ventaja la primera fórmula. En cualquier caso, hay que descartar la gran coalición, que resultaría sospechosa a los ojos de muchos ha habido demasiada corrupción en este país como para que se alíen los dos grandes partidos para compartir el poder y que, a juicio de otros, no contribuiría a fortalecer la democracia, que en nuestro país pivota históricamente en la dialéctica PP-PSOE, que ha resultado en líneas generales creativa y fecunda.
Sin embargo, el país no podrá demorar más algunas reformas que se están demostrando inaplazables y que se relacionan con la propia estructura del Estado español. El Estado de las Autonomías muestra disfunciones graves, que han estallado en Cataluña pero que también han hecho acto de presencia en otras comunidades especialmente mal financiadas como Valencia. Ya es hora, en fin de constitucionalizar nuestro modelo territorial que no lo está, ya que el título VIII de la Contitución tan solo describe el procedimiento para impulsarlo pero no el resultado final, de normalizar nuestro inefable bicameralismo que desacredita el parlamentarismo mediante la reconversión del Senado y de eliminar algunos graves anacronismos, como el que define la línea masculina de sucesión a la Corona.
Tales reformas requieren evidentemente la complicidad de los principales partidos. A poder ser, de los cuatro grandes los dos clásicos y los dos emergentes, así como de las minorías periféricas moderadas. Y no será fácil que PP y PSOE se sienten a hablar y a acordar temas tan arduos, estando cada uno en la trinchera respectiva del poder o de la oposición, sin una mediación inteligente, que en efecto podría desempeñar Albert Rivera, personaje con probadas dotes de conciliación, en cierto modo equidistante de ambas formaciones y con suficiente entidad personal para desempeñar este papel.
Los Pactos de la Moncloa de octubre de 1977, que tuvieron gran trascendencia económica pero también política, fueron el resultado de una magnífica iniciativa cimentada sobre una previa voluntad de entendimiento, de consenso, que era el espíritu iniciático de la transición, compartido por todos. No está claro que hoy exista en España aquel desprendimiento, rayano en la filantropía, que hizo posibles tantas renuncias en aras del interés general, pero es claro que se debe intentar el salto hacia delante que reclaman tácitamente los ciudadanos.
La sensación general que se advierte a poco se hurgue en la opinión pública es que la valiosísima Constitución, que sigue siendo el denominador común que nos vincula y que debe ser preservada, requiere un aggiornamento que la ponga al día y le devuelva la lozanía perdida por el paso del tiempo. No se trata de infundirle nueva carga ideológica eso podría ser demasiado arduo sino de volverla más eficiente y operativa, de conciliar en ellas las ambiciones legítimas que se han frustrado al cabo de los años y de que vuelva a ser punto de encuentro, equilibrio y convergencia. Si el PP y el PSOE, estimulados por Ciudadanos, no llegasen a entenderlo, el bipartidismo imperfecto, que de momento parece haberse salvado de la amenaza de extinción a consecuencia de la crisis, podría verse definitivamente comprometido.
