Una de las invectivas que con más fruición es utilizada por el PP y sus voceros para zaherir a Podemos es la de ser unos "populistas bolivarianos". Mentan a Venezuela venga o no a cuento. Podemos es Venezuela para las ariscas derechas españolas. La demonización del partido de Pablo Iglesias pasa por la equiparación con lo que es y representa el partido gobernante en la república bolivariana. No cuestionaremos que el presidente Maduro y los suyos son una calamidad pública. En Venezuela impera la arbitrariedad, se persigue a los opositores y se vulnera sistemáticamente la legalidad democrática. El PP lo proclama a los cuatro vientos, también lo dice el PSOE, aunque echando mano de los siempre imprescindibles matices. En Venezuela, el Gobierno de Maduro retuerce la legalidad cuando las circunstancias lo requieren: ningunea al Parlamento aprobando a las bravas disposiciones y leyes para afianzar su poder.
Preguntémonos si lo que sucede ahora en España es tan distinto de lo que es habitual en Venezuela, que, dicho sea de paso, conviene recordar que se halla en tan lamentable postración debido a que los dos partidos que antaño la gobernaron, el democristiano Copei, de Rafael Caldera, y el socialdemócrata Acción Democrática, de Carlos Andrés Pérez, se enfangaron en una corrupción sin fondo.
¿Está el Gobierno del presidente Mariano Rajoy actuando con arbitrariedad y desprecio a las reglas del juego democrático? Al menos en lo que atañe a la reforma del Tribunal Constitucional rotundamente sí. La proposición de Ley presentada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados tiene parecida catadura ética que muchas de las normas que en Venezuela el Gobierno de Maduro hace aprobar a su domesticado Parlamento. Repugna a quienes creemos en el respeto a las normas que, más allá del estricto acatamiento de la legalidad, rigen en una democracia parlamentaria, que a mes y medio del final de la legislatura, con una clara intención electoral, tanto para las generales como las catalanas, se eche mano de la mayoría absoluta para, retorciendo lo indecible la legalidad, promover la reforma del Tribunal Constitucional por el procedimiento de urgencia, sin los informes del Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial y sin disponer del necesario respaldo de la oposición, porque tenerlo es imprescindible si se desea modificar un aspecto tan básico como son los mecanismos que posibilitan la actuación del Tribunal Constitucional.
Lo hecho por el PP con la anuencia del Gobierno, explicitada por la cada vez más perdida vicepresidenta Santamaría, hace que las reiteradas acusaciones que el PP ha lanzado a sus adversarios de ser bolivarianos se le puedan aplicar al partido de la derecha. Esto se parece mucho a Venezuela. El PP actúa como lo hacen habitualmente los chavistas. No se ha parado en barras. La desvergüenza que exhiben es apabullante: García Albiol, el candidato del PP en Cataluña, aparece junto al portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, presentado en el registro la proposición de Ley. Después, Albiol declara que con la reforma del Tribunal Constitucional se "ha acabado la broma". El parte de guerra es nítido: se rompen los consensos básicos para neutralizar a Artur Mas. Al trilero del presidente de la Generalitat le ha hecho el PP el enésimo favor, posibilitándole desviar la atención del tres por ciento. Mas ha podido afirmar que el registro de la sede de Convergència por parte de la Guardia Civil no obedece a razones judiciales sino que es una actuación política ordenada por el ministerio del Interior. García Albiol no es diputado. Qué diantres pintaba junto a Rafael Hernando en la presentación de la proposición de Ley. En realidad, mucho: dejar nítidamente establecido que la iniciativa tiene un único destinatario: Artur Mas. Por si no bastara la imagen, el siamés de Marie Le Pen setencia que "se ha acabado la broma".
Mariano Rajoy acaba de anunciar, a su siempre inconcreta manera, que las elecciones generales serán "alrededor del 20 de diciembre". Quiere agotar la legislatura hasta el último suspiro, aguantarla artificialmente, como se sostiene al enfermo terminal en contra de toda evidencia de que pueda sobrevivir, con dos propósitos: aprobar los Presupuestos Generales del Estado y llegar a tiempo de modificar la ley del Tribunal Constitucional. Lo primero es cuando menos discutible: hasta que ha llegado Rajoy ningún gobierno ha fletado cinco presupuestos. La legislatura es de cuatro años; prolongarla más allá de lo razonable para aprobar la reforma del Tribunal Constitucional es de un aventurerismo lamentable, de matriz bolivariana, dado que destroza lo que ha de ser intocable: los básicos consensos constitucionales. Si el Gobierno permite que el PP consume la operación que ha puesto en marcha abrirá de par en par las puertas para que en la próxima legislatura, la que se iniciará en enero de 2016, se pueda entrar a saco en la modificación de normas básicas en contra de los intereses del PP si la aritmética parlamentaria lo posibilita, lo que parece plausible que suceda.
Además, con la infumable proposición Mariano Rajoy pone en evidencia una de sus características más acusadas: la patológica inanición que le aqueja, la que jamás le permitirá ser algo parecido a un estadista. Si el presidente del Gobierno considera que se ha de neutralizar a Artur Mas, en el supuesto de que las elecciones del día 27 le den la mayoría necesaria para proclamar la independencia, debería intervenir directamente y no dejarle la iniciativa al Tribunal Constitucional, de por sí ya suficientemente desprestigiado por su inmensa politización: ¿Cómo se permite que lo presida un magistrado, Pérez de los Cobos, que ha sido un destacado militante del PP? El Tribunal Constitucional carece del marchamo de imparcialidad que se requiere para que sus decisiones no sean consideradas partidistas. Rajoy no se atreve a utilizar el artículo 155 de la Constitución para inhabilitar a Mas. Por tanto, que se achicharre el Tribunal Constitucional. Esa es su norma de conducta. El interés de España le importa muy poco. De lo que se trata es de fumarse un puro.
