Los tres grupos minoritarios de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentra Ciudadanos, que da soporte al gobierno popular de Cristina Cifuentes, están impulsando la creación de dos comisiones de investigación una de endeudamiento y gestión pública y otra de corrupción política para revisar el periodo de Esperanza Aguirre y de Ignacio González (como es sabido, éste asumió la presidencia tras la dimisión de aquella en septiembre de 2012). Aunque la primera comisión será presidida por Podemos y la segunda por Ciudadanos, fue el socialista Gabilondo quien concilió e impulsó las propuestas convergentes de los dos partidos emergentes.
Acabamos de salir de un periodo verdaderamente excepcional en que el despilfarro, que alcanza cimas memorables, se ha aliado con episodios de corrupción de tal envergadura que deterioran toda la ejecutoria de los anteriores responsables. Así por ejemplo, la citada comisión de endeudamiento y gestión pública examinará el tren ligero a Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, que costó nada menos que 600 millones de euros, tiene el nivel de usuarios más bajo de toda España y no se apoya en apoyo técnico alguno que recomendara con datos y cifras su construcción. Hay muchos más casos de obras inexplicadas e inexplicables, algunas de las cuales ni siquiera se han llegado a inaugurar tras su terminación.
La comisión sobre corrupción política, que estará encabezada por el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado, ha sido concebida para durar un año ampliable si las circunstancias lo aconsejan y tendrá si cabe más trabajo que la anterior: deberá analizar el caso Gürtel, que operaba en Boadilla, Majadahonda, Arganda, etc., y que contó con la complicidad de consejeros autonómicos; la Operación Púnica, encabezada por el que fuera consejero Granados y que actuó en Valdemoro, Móstoles, Parla, etc.; el caso Aneri, en el que se indaga el destino de quince millones de euros en subvenciones para formación; la Ciudad de la Justicia, un proyecto fallido en el que ya se han invertido más de cien millones de euros?
El pacto de gobierno para esta legislatura firmado por el PP y Ciudadanos incluía en su punto quinto la realización de una auditoría externa para aclarar todos los puntos oscuros de la anterior gestión. La investigación será más profunda y tendrá relevante trascendencia política, pero la mayoría popular no ha opuesto objeciones, lo que no ha agradado a sus antecesores; Cifuentes ha dado pruebas de plausible voluntad de transparencia, y además es evidente que ella, personalmente, no tiene nada que ocultar.
Es muy saludable que el gobierno entrante dé a los ciudadanos las respuestas que éstos exigen, aunque sea por el procedimiento de mirar bajo las alfombras, que se justifica indudablemente cuando, como en este caso, existe certeza de que hay suciedad a mansalva. En todo caso, no sería saludable que la alternancia política, que ha de ser un tránsito natural en democracia, se convirtiera por sistema en una "causa general" contra el equipo saliente. De hecho, es la primera vez que tal cosa ocurre, porque también es la primera vez que el balance de la herencia recibida hiede con tanta intensidad.
No debe olvidarse, en cualquier caso, que la mayor parte de los asuntos que van a examinarse están judicializados (y los que no lo están deberán serlo si hay materia para ello), por lo que la investigación política debería ser un acicate para los juzgadores, que deberían acortar en lo posible los plazos de la instrucción. Muchas de las iniciativas políticas en este sentido se deben a la tardanza de los jueces en hacer su trabajo, y la buena salud de la democracia requiere que la Justicia acomode sus tiempo a los de la racionalidad y el sentido común.
