El Partido Popular no incluirá finalmente la reforma constitucional en su programa electoral. Así lo decidió el comité de dirección del PP en su reunión del 24 de agosto, con un triple argumento: el asunto no es percibido como una prioridad por la sociedad española, el fragmentado mapa político hace muy difíciles los consensos, y está en juego la unidad de España. Con todo, la reforma no está descartada: Rajoy no se negará a debatir la cuestión si alguien la lleva al debate público pero el PP no tomará la iniciativa en la próxima legislatura.
La posición no es, como se ve, rotunda, pero si significase que el partido que representa a la derecha española se retrae a la hora de modernizar la ley fundamental, estaríamos ante una pésima noticia. Entre otras razones de peso porque la unidad de España también peligra si no somos capaces de actualizar las normas de convivencia cuando éstas han comenzado a quedar sobrepasadas por el simple paso del tiempo, la constatación de las deficiencias de fondo del sistema vigente, y el consiguiente cambio de mentalidad de las nuevas generaciones.
El independentismo catalán, que de hecho empezó su ascenso durante la segunda legislatura de Aznar beligerante caldo de cultivo que nutrió entonces a la emergente Esquerra Republicana de Cataluña y que comenzó a viajar a velocidad de crucero durante la dudosa aventura de la reforma estatutaria pilotada por Maragall, ha provocado una confusa confrontación entre Cataluña y el Estado que ha distorsionado el conflicto y ha impedido cualquier forma de solución. Porque en efecto, más allá del estrépito del independentismo, envuelto en el escándalo de la familia Pujol y en los demás episodios de corrupción, existe en la sociedad catalana una desafección indudable hacia el Estado, que no ha tratado a la región catalana con la equidad y la delicadeza necesarias.
Con independencia de la realidad objetiva, que es difícil de plasmar en cifras las balanzas fiscales no han entregado datos incontrovertibles, existe en Cataluña una percepción muy extendida de que Madrid se ha desentendido de los problemas catalanes. Hechos como la tardanza en construir las grandes dotaciones, el desinterés que parece mostrar el gobierno central hacia el corredor mediterráneo, la sobreabundancia de peajes en Cataluña? son la carnaza que utilizan los separadores para sembrar inquina en la relación, para extender una malquerencia inquietante aunque no sea en modo alguno estructural. Y esta burda manera de plasmar la protesta impide ver con frialdad que, en efecto, el sistema de financiación de Cataluña no es todo lo justo que debería ser y ha de ser revisado. Entre otras razones, para mantener el criterio de ordinalidad: no tiene sentido que una comunidad autónoma descienda en el ranking de PIB per capita después de sufragar la cuota de solidaridad que aporta a las demás comunidades. También es innegable una cierta recentralización que no tiene sentido y que habría que desactivar.
Así las cosas, el acalorado mensaje independentista deforma la principal materia que debería negociarse, el modelo de financiación autonómica, y está en vías de impedir la modernización constitucional que también necesita este país, que ha de avanzar hacia el sistema federal, con una segunda cámara que sea realmente la sede de la representación territorial. El PP no debería caer en esta trampa, que sólo beneficia a los radicales. Porque el argumento de que el independentismo espera a que se abra el melón constitucional para romper el Estado, que tiene sin duda fundamento, no ha de bastar para frustrar la puesta al día controlada y sensata de una ley fundamental muy valiosa que sólo recuperará su lozanía si, a la luz de la experiencia, vuelve a pegarse al terreno de la realidad.
