Los medios audiovisuales públicos fueron desde el arranque del régimen democrático una extensión del poder ejecutivo de turno. Para ellos -es decir, para la televisión estatal y la radio pública heredadas de la dictadura- la transición consistió en pasar del sometimiento franquista a la dependencia gubernativa (fueron portavoces fieles de la acción de los sucesivos gobiernos). Probablemente, no se hubiera entendido otra cosa en aquellos convulsos momentos, en que la prensa independiente sí jugó en cambio un papel esencial (los periódicos y semanarios cumplieron magníficamente como un verdadero 'parlamento de papel' en los meses previos a la constitución del primer parlamento democrático, en junio de 1977). Pero a partir de la Constitución fue muy largo el camino de la despolitización del audiovisual público, que se enriqueció pronto con la aparición de televisiones y radios autonómicas.
La Ley 17/2006 de 5 junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, una de las medidas de fondo adoptadas por el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, establecía que el consejo de administración de la Corporación RTVE estaría formado por doce miembros, ocho designados por el Congreso y cuatro por el Senado, elegidos por mayoría de dos tercios de cada cámara, y de entre los cuales el Congreso elegiría el presidente de la Corporación, también por una mayoría de dos tercios de los diputados. Esta exigencia de una mayoría cualificada resultó extraordinariamente eficaz porque ya fue necesario que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición pactaran. Como conviene recordar, RTVE se transformó radicalmente, se profesionalizó y dejó de ser el objeto de las críticas de las minorías políticas. Los primeros directores generales elegidos por consenso fueron Luis Fernández, un profesional de gran prestigio, y Alberto Oliart, antiguo ministro de Defensa y persona generadora de fáciles consensos. Nadie que no sea sectario podrá dejar de reconocer que el audiovisual público cambió como de la noche al día a partir de 2006, adquiriendo una positiva neutralidad activa.
Emulando aquella reforma, en 2007, el Parlamento andaluz aprobaba una nueva ley -la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)- , que establecía que tanto los miembros del consejo de administración de RTVA como el presidente del consejo serían elegidos por la cámara por mayoría de tres quintos. Es una mayoría menos exigente que la que había sido impuesta en el estado, pero también obligaba al partido en el gobierno a negociar. Las demás televisiones autonómicas no siguieron sin embargo la pauta de la andaluza.
Tras ganar Rajoy las elecciones de 2011, y después de varios meses de infructuosa negociación con Rubalcaba, entonces líder de la oposición, el PP hizo valer su mayoría absoluta y cambió la ley, de forma que el presidente de la Corporación RTVE ya puede ser elegido por mayoría simple. Probablemente Rubalcaba no fue todo lo hábil que debía en aquel momento pero el retorno al modelo autoritario no fue decisión suya, obviamente.
Sucede sin embargo que el PSOE ha regresado al poder en algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, donde ha necesitado el apoyo de 'Podemos'. Y de momento no se ha visto el menor gesto de querer instaurar una regulación semejante en la radio y la televisión autonómicas. En Balears, Valencia, etc., la izquierda tiene también pendiente esa asignatura. Cualquier retraso producirá una gran decepción en quienes esperamos que el PSOE y las demás formaciones progresistas consideren urgente regresar al espíritu de la ley de 2006, que es el único concebible en una democracia parlamentaria.
