Ha habido toda una legislatura para que este Gobierno, que lo es con mayoría absoluta, plantease al gobierno catalán alguna propuesta capaz de acoger un salto cualitativo en la autonomía catalana que desactivase la espiral soberanista y calmase la irritación de la ciudadanía de Cataluña, molesta con la descabellada aventura de la reforma autonómica y su desenlace. Sin embargo, es ahora, a las puertas de las elecciones generales, cuando Rajoy da síntomas de querer plantear una reforma constitucional que revise el sistema autonómico y „se supone„ el modelo de financiación, que se ha demostrado disfuncional.
En efecto, el ministro de Justicia acaba de manifestar que "el Estado autonómico podría definirse mejor. Se podrían definir mejor cuáles son las competencias del Estado y cuáles las de las comunidades autónomas". Y "se podría aprovechar la experiencia de 37 años para ver cómo se refuerzan los mecanismos de coordinación y cooperación". Otras fuentes gubernamentales han confirmado que el Ejecutivo estaría estudiando efectivamente incluir esta propuesta en su programa electoral.
Con independencia de la roma e incompleta explicación del ministro, es claro que el problema catalán requiere una solución más solemne y resolutiva que la que se sugiere con medias palabras en vísperas del 27S. Las ocurrencias no son propias de una democracia madura en la que hay que avanzar mediante ideas fuerza, decisiones valientes y consensos trabajosamente forjados.
