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Antonio Papell

Los presupuestos-programa

El Gobierno ha querido llevar hasta las últimas consecuencias su propósito de promulgar antes de las elecciones la ley de presupuestos generales del Estado 2016 y esta semana el ministro Montoro ha presentado con solemnidad el correspondiente proyecto de ley al Congreso de los Diputados para su tramitación y aprobación. Tras este designio, se advierten varios objetivos del gobierno: trasmitir al país una sensación de seriedad y solvencia; plasmar en cifras y con un plus de credibilidad la oferta electoral del Partido Popular; y remachar la tesis, repetida insistentemente por Rajoy, de que un cambio de tripulación en el Estado podría poner en riesgo el proyecto de salida de la crisis. Al respecto de esto último, no puede dejar de decirse que en democracia nadie es insustituible.

Con las encuestas y los análisis en la mano, resulta altísimamente improbable que el PP obtenga de nuevo mayoría parlamentaria absoluta en las elecciones generales de finales de año, por lo que el proyecto presupuestario tiene un carácter meramente testimonial. En el mejor de los casos para el PP, este partido gobernará en coalición con otra fuerza política, por lo que el proyecto económico será una síntesis de ambas sensibilidades. Y si las cosas son inexorablemente de este modo y las cuentas públicas que elabora el partido del gobierno no tienen por tanto más valor que el teórico porque jamás serán aplicadas, se entiende mal que los autores de la propuesta hagan el descomunal esfuerzo de cuadrar ingresos y gastos. De hecho, estamos muy acostumbrados a que los programas electorales de los partidos sean entelequias carentes de cualquier concreción económica, en las que se describen las generosas inversiones que se prometen pero nada se dice de dónde se obtendrán los recursos para financiarlas.

En una primera aproximación al proyecto de ley, el programa presupuestario del PP es la continuación de la política liberal conservadora ejecutada en los años anteriores, que ahora se beneficia de la fuerte caída del desempleo que reduce significativamente los recursos consumidos en las prestaciones, del incremento de la actividad económica que dispara a recaudación fiscal y de la bajada de tipos de interés que abarata el servicio de la deuda. De este modo, con un techo de gasto inferior, es posible reducir el déficit público hasta el 2,8% del PIB para cumplir lo pactado con Bruselas e incluso bajar impuestos el leit motiv del PP, incrementar discretamente el gasto social así como las partidas destinadas a educación y sanidad, subir mínimamente los salarios públicos y hasta elevar las pensiones en un simbólico 0,25%.

El proyecto eleva los recursos destinados a las comunidades autónomas, con énfasis especial en Cataluña (no se sabe si como resultado de alguna fórmula empírica o por simple afán de agradar y tener un gesto con el Principado), y muestra algunos guiños al mundo de la cultura, al de la investigación, etc. En cualquier caso, el planteamiento es simple y conocido: para el PP, la mejor política social y redistributiva es la creación de empleo, que a su juicio requiere un sector público mínimo, y a este objetivo hay que supeditar todo lo demás.

Enfrente de este proyecto político están las tesis socialdemócratas. En el caso del PSOE, el centro-izquierda también apuesta por impulsar el crecimiento aunque con otra sensibilidad, admitiendo determinadas servidumbres sociales, humanitarias, intelectuales y morales, y recurriendo si es preciso a una mayor presión fiscal para cumplir otros objetivos relacionados con la igualdad y la solidaridad. Como siempre, la decisión está en manos de los electores, que saben perfectamente que en democracia nunca hay una única manera de hacer correctamente las cosas.

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