Editorial

Una solución efectiva para la financiación

02.08.2015 | 03:23

La grave problemática de las carencias que padece Balears en cuanto a la financiación básica de sus instituciones públicas, ha vuelto a ser protagonista estos días. Lo seguirá siendo mientras no se dé una respuesta justa y definitiva para dotar los presupuestos correspondientes a los servicios públicos que requieren y merecen los ciudadanos del archipiélago.

El vicepresidente y el portavoz del Govern han comparecido ante la opinión pública para recordar que el Ejecutivo autonómico mantiene la exigencia de los 1.300 millones que el Estado no ha entregado de las inversiones estatutarias de años anteriores. Por otro lado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro Montoro ha pedido a las autoridades de Balears nuevos recortes por importe de otros 266 millones, que el Govern Armengol no se muestra dispuesto a llevar a término. Se han oído quejas, entendemos que justificadas, tanto por el contenido de las exigencias como por el tono y la expresión utilizada por el titular de Hacienda. Cristóbal Montoro no se muestra sensible ni ecuánime con respecto a la realidad de este archipiélago.

Balears es una de las comunidades que ha planteado la necesidad de establecer mayor flexibilidad con respecto a los objetivos de déficit público marcados. Pero el Gobierno Rajoy no se manifiesta dispuesto a hacerlo. La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, da por inasumible el 0,3% fijado y reivindica un margen mínimo de déficit del 1%. De no cambiar las cosas y las posturas, el choque entre los gobiernos de Palma y Madrid se presume como inevitable. El gabinete Armengol ha dicho que abogará por la vía de la negociación pero, si se agota ésta, no renuncia a su derecho a acudir a los tribunales.

Todos los males nacen y vuelven a confluir sobre la injusta y escasa financiación autonómica de Balears. Los tributos por bienes, servicios y patrimonio que abonan los residentes en las islas no revierten en cantidad suficiente sobre el archipiélago. Todo el mundo lo reconoce, pero nadie le pone remedio. También esta misma semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha emitido informes en los que apunta a Balears como una de las comunidades españolas mal financiadas y razona la conveniencia de flexibilizar los niveles de endeudamiento público, atendiendo a la situación específica de las islas.

La precaria financiación de esta Comunidad y su mejora irrenunciable es una de las reivindicaciones que se vienen arrastrando desde hace prácticamente lustros, tanto por parte de las instituciones como de los agentes sociales y de la sociedad civil. El Govern actual también la ha fijado entre sus prioridades y aparece plasmada en los acuerdos suscritos entre el PSOE, Més y Podemos. A la misma presidenta Armengol le gusta repetir que se "dejará la piel" en ello.

Ha llegado el momento definitivo de dar un paso adelante hacia la unidad de acción y la aplicación de una solución efectiva al mayúsculo problema del equilibrio de las cuentas públicas de Balears. El camino recorrido y los antecedentes padecidos permiten sostener que el Gobierno sólo reaccionará desde la presión unitaria y la exigencia razonada de todas las fuerzas políticas y sociales de Balears. La financiación injusta debe dejar de ser, de una vez por todas, un tópico asumido y reconocido, pero no solucionado. Madrid no puede seguir mirando a estas islas como un lugar distante, casi una mera plaza vacacional, en la que sus residentes carecen de necesidades. Antes al contrario, padecen el plus de la insularidad.

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