El sistema político de la Generalitat, controlado minuciosamente por el nacionalismo independentista encabezado por el propio Mas, ha naufragado con estrépito por la profesionalidad de unos juristas que supuestamente fueron designados en connivencia con el proyecto soberanista y para facilitar "el proceso", y que sin embargo han hecho prevalecer el principio de legalidad y su propio prestigio profesional sobre cualquier consigna o consideración.
En efecto, el Consell Consultiu de la Generalitat, formado por nueve miembros de los que cinco han sido designados a propuesta de CiU y ERC, ha desautorizado las llamadas "estructuras de Estado" que las dos grandes fuerzas separatistas habían pactado en los presupuestos para 2015. El dictamen rechaza por contrarias a la Constitución y al Estatuto medidas tales como la elaboración de una ley tributaria de Cataluña, de una ley de seguridad nuclear y de un inventario de activos de las administraciones de Cataluña con vistas a una eventual separación de España. Ante este paradójico y revelador disenso, podría decirse, en definitiva, que Mas y su equipo político han hecho sencillamente el ridículo. Y que a medida que se deshincha el globo de la independencia, la racionalidad vuelve a extenderse por todos los tejidos vitales de la sobria Cataluña.
