Los estudiantes están otra vez a pie de calle. Ayer volvieron a vaciar las aulas universitarias y de secundaria para exteriorizar su inquietud y malestar frente a una nueva disposición del ministro Wert que, si cabe, incrementa la crispación provocada por la LOMCE con el añadido balear de un TIL que languidece y se extingue entre vericuetos de los tribunales. Por si no bastaran los condicionantes socioeconómicos y laborales actuales, los estudiantes en general y buena parte de la comunidad docente, no ve claro que las nuevas disposiciones contribuyan a incrementar las perspectivas profesionales. Además, las consideran excluyentes en beneficio de la enseñanza privada.
Se trata de un decreto que sustituye el actual del Plan Bolonia consistente, por regla general, en cuatro años de carrera y otro de máster. Con la nueva disposición, los cursos de grado pasan a ser tres y los de máster dos. Incluso los más introducidos en la estructura universitaria coinciden en señalar que, cuando menos, se trata de una reforma precipitada porque irrumpe sobre la enseñanza superior cuando todavía no ha habido tiempo material de calibrar los verdaderos efectos de Bolonia y por tanto la dimensión de las reformas estructurales que cabría implantar.
La secretaria de Estado de Universidades, Montserrat Gomendio, ha insistido en los últimos días en que la situación actual de los campus españoles se ha vuelto insostenible por costosa. Frente a ello, se opta por incrementar el tiempo de máster que deben financiar las familias. Ocurre cuando la crisis económica y la precariedad laboral todavía están plenamente vigentes, por mucho que el presidente Rajoy las haya dado por zanjadas desde la tribuna del Congreso de los Diputados.
Es a partir de los planteamientos mercantilistas introducidos que se tacha a la reforma de sectaria y de primar a la enseñanza privada. Hace tiempo que se acusa al ministro Wert de querer limitar la formación universitaria a quien pueda pagársela. Eso, aparte de restar importancia a las Humanidades por un lado y de otro introducir prácticas catequéticas a la enseñanza religiosa que seguramente van en perjuicio de la convicción creyente.
Con todo este caldo de cultivo salió ayer a la calle la manifestación de Palma, sobrecargada de motivos de queja para una comunidad docente que ya nunca sabe qué va a pasar mañana. Admitamos que la inquietud y la inestabilidad no son planes docentes válidos. Manifestaciones como la de ayer acreditan que existe implicación y sana preocupación sobre la actualidad y futuro del sistema educativo pero, por otro lado, son un claro llamamiento al rechazo de la improvisación. La enseñanza universitaria, quizás hoy más que nunca, necesita una analítica consensuada y con sus resultados, una reforma de mayor envergadura que en ningún caso sea excluyente.
