Dicen los que conocen bien al fiscal Pedro Horrach que éste ha cambiado radicalmente a raíz de la imputación de la infanta Cristina. Lo cierto es que ha perdido amigos y una legión de admiradores y ha ganado en detractores.
Horrach es un infatigable fiscal al que, junto a sus compañeros de anticorrupción en las islas, habría que levantar un monumento o poner su nombre a una avenida.
Estos cuatro valientes han luchado, durante años y sin apenas medios, contra unas sólidas tramas formadas por políticos-empresarios y técnicos que disponían de todos los resortes del poder, de los mejores abogados y de medios de comunicación para defenderse o frenar las investigaciones.
En ocho años el resultado de los esfuerzos de anticorrupción en Balears salta a la vista: decenas de condenas, expolíticos encarcelados, arrepentidos que confiesan de plano y recuperación de varios millones de euros.
Sin embargo, Pedro Horrach está dilapidando ese patrimonio y manchando su brillante historial al descalificar a los jueces partidarios de sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta.
El fiscal mallorquín está obsesionado con exculpar a doña Cristina y no pierde ocasión, en sus escritos y ante la prensa, de predicar la inocencia de la hermana del Rey.
Tal postura procesal choca con el papel clásico del ministerio público, que o acusa o no acusa y punto pelota: allá estarán las defensas de los imputados para exponer sus argumentos exculpatorios o airear las grietas del proceso.
Sin embargo, insistimos en que Horrach está legitimado para "denunciar" lo que ve como un trato injusto y discriminatorio en el caso de la duquesa de Palma.
Más, como en muchas cosas de la vida, el tono empleado en la argumentación es básico para convencer y, sobre todo, para no ofender a los adversarios.
Los magistrados de la Audiencia, y especialmente los que dictaron el auto confirmando la imputación de doña Cristina, se han sentido menospreciados y vejados por Horrach, algo que también ha padecido varias veces el juez instructor del caso Nóos, José Castro.
Las diatribas del ardiente fiscal hacen un flaco favor a la Justicia y a los jueces encargados de impartirla, que tienen nombres y apellidos y procuran hacer su trabajo con honradez y pulcritud.
