La amenaza que suponen, incluso para la vida, unas listas de espera excesivas, se ha repetido hasta la saciedad. Sin embargo, no se ha puesto el mismo énfasis en denunciar la intolerable demora cuando no, simplemente, la falta de cobertura para unas determinaciones que detectan el riesgo hereditario o permiten soslayar tratamientos de elevada toxicidad y no exentos de efectos nocivos.
Se sabe que alrededor de un 5% de los cánceres mamarios son de causa genética y se trasmiten por herencia; de ellos, el 80% obedecen a una mutación de los genes denominados BRCA 1 y 2, que puede objetivarse mediante el correspondiente análisis. Cuando se sospecha que una enferma de cáncer de mama u ovario puede albergar dicha alteración, (existen unas tablas que permiten, en cada caso, evaluar la probabilidad de un tumor hereditario), el oportuno test, si positivo, permitirá establecer un plan terapéutico personalizado, amén de ejercer una estrecha vigilancia sobre las descendientes, de haberlas, con objeto de detectar en ellas la eventual enfermedad en fase precoz e incluso evitarla mediante una intervención preventiva.
Por establecer un marco de referencia, en EE UU dicha prueba costaba entre tres y cuatro mil dólares en 2013, aunque, tras una sentencia de la Corte Suprema que ha terminado con el monopolio ejercido por parte de la empresa Myriad Genetics, el precio se ha reducido a la mitad (unos mil euros; más o menos lo que suelen cobrar aquí algunos laboratorios), que es lo que pagan actualmente y por dichas pruebas las organizaciones públicas de allá: Medicare o Medicaid. ¿Y qué sucede en nuestra comunidad autónoma y algunas otras? Pues a la espera de que en alguna institución pública se estandarice definitivamente la técnica a aplicar en población de riesgo hereditario, se vienen enviando muestras de sangre a laboratorios de la Península; un goteo no más de tantas al mes, por contener el gasto que se enlentece aun más a causa de unos abonos pospuestos a tal extremo, que son ya centenares las enfermas de las que no se conoce una eventual mutación a pesar de la sospecha clínica y, en consecuencia, no es posible aplicar las oportunas medidas en beneficio de las enfermas y/o sus hijas. Una dejación, en síntesis, que compromete la adecuada atención sanitaria a ese colectivo.
No obstante, en cáncer de mama y a efectos prácticos, los avances genéticos no se limitan a la detección de las mutaciones reseñadas, y la determinación de "firmas genéticas", a través del análisis de un conjunto de ellos (21 genes en el llamado Oncotype, 70 para el Mammaprint?) hace posible, para un subgrupo de pacientes y tras la cirugía, determinar cuáles de entre ellas se beneficiarán de tratamiento quimioterápico complementario o en qué casos no sería necesario el mismo, lo que evitará la toxicidad de un sobretratamiento sin comprometer los resultados y, por ende, reducirá los costes. Pues bien: si en EE UU tanto las organizaciones gubernamentales como las compañías aseguradoras privadas suelen hacerse cargo de dichos exámenes, en nuestro país la realidad es muy otra y la Sanidad, pública o privada, no financia el test (entre 2.000 y 3.000 euros). Si bien es cierto que se está a la espera de evidencias empíricas sólidas y a largo plazo, las mencionadas firmas aparecen en las guías internacionales de mayor prestigio (ASCO o NCCN) y han demostrado, en numerosos estudios, ser en su conjunto coste-efectivas. Así pues y para ciertas enfermas, conseguir iguales porcentajes de curación sin las indeseables toxicidades que en algunas habrían sido evitables, de disponer del test, no se antoja baladí.
Una vez más, se hace imperativo señalar que la falta de perspectiva por parte de algunos gestores sanitarios, cuando no pura y llanamente el absoluto desconocimiento sobre el tema que hoy me ocupa, trae como consecuencia el cargar sobre los profesionales de la oncología la responsabilidad de unas decisiones para las que, hoy en día, existen datos objetivos es el caso de la genética, aunque no el único que pueden refrendarlas. Por lo demás, la amenaza en el horizonte de unos costes sanitarios que podrían hacerse inasumibles y sobre los que el diagnóstico y tratamiento oncológicos gravitan en buena medida, la inequidad que supone dejar las pruebas genéticas al albur del bolsillo de las afectadas o retrasar el diagnóstico de mujeres sanas al extremo de comprometer su vida, cuando es factible determinar un riesgo que conduzca a estrategias diferenciadas para ellas, y todo por no haber costeado un análisis que para muchas lleva años de retraso, son cuestiones todas que no deberían despacharse mirando hacia otro lado y dando la callada por respuesta.
Pero así están las cosas. Y parece oportuno que cuando menos las afectadas, ciertas o presuntas, se enteren. Por si decidiesen obrar en consecuencia.
