Tenía razón Pablo Iglesias: a juzgar por el programa económico que desgranaron el jueves los profesores Juan Torres y Vicenç Navarro, ambos neokeynesianos en línea con Krugman y Stiglitz, su formación política no será radical sino "centrista". Lo que se conoce del programa económico responde a un modelo clásicamente socialdemócrata, aunque claramente trasnochado con respecto a las corrientes actuales de la socialdemocracia.

Los autores de la propuesta creen, de entrada, que la recuperación económica debe ser consecuencia del crecimiento de la demanda interna, que se logrará mediante un incremento de los ingresos, por lo que los salarios deberán tener el mismo peso en la economía que hace diez años. Además, abogan por una "reestructuración" de la deuda de los Estados o una quita "dialogada y pactada". Según Torres, las quitas en las deudas deben responder a condiciones políticas y ha añadido que Podemos puede buscar aliados y presionar en las instituciones europeas "para que la deuda no sea una soga mortal". Se subirá el salario mínimo y se creará una renta básica que, por las explicaciones que se dieron en el acto, parece ser conceptualmente parecida al salario social actual „se da una renta de supervivencia a quien no tenga ingreso alguno„ o al impuesto negativo de Friedman. Además, se aboga por la jornada de 35 horas para repartir mejor el trabajo.

„no debería hacer falta mencionarlo„ con la pertenencia europea y, en algún caso, con la lógica básica del capitalismo en que nos hallamos profundamente insertos. Los incrementos salariales no pueden plantearse de una manera arbitraria, como una necesidad política, por la sencilla razón de que nuestro tejido productivo no puede dejar de ser competitivo, ya que nuestro sector exterior es clave en el funcionamiento de la economía. Asimismo, el experimento de las 35 horas en Francia no ha sido precisamente feliz, por la sencilla razón de que difícilmente prosperarán medidas desarmonizadas con respecto a neustros clientes y competidores.

En lo tocante a la deuda pública española, la pretensión de renegociar es conmovedoramente bien intencionada pero irreal, y tampoco tiene mucho sentido en un contexto en el que el bono a diez años ya se cotiza a menos del 2%. Las ideas que se esbozan sobre la conveniencia de una banca pública, en principio abriendo el Instituto de Crédito Oficial a la banca comercial y poniéndolo a competir, son más apreciables, aunque Bruselas pondría probablemente el grito en el cielo. Pero sí es cierto que hay sectores "centristas" de este país que hablan desde hace tiempo de la conveniencia de una operación de este carácter e incluso de la estatalización de una de las compañías eléctricas para utilizarla como referencia.

Finalmente, hay otras propuestas testimoniales, algunas viables „dejar de incentivar la contratación parcial no voluntaria„, otras que no pasan el filtro del sentido común y quedarán por tanto destinadas al eclipse: establecer un salario mínimo es defendible pero no lo es en absoluto establecer un salario máximo. Tampoco es sensato pretender que la seguridad social, que se rige mediante el sistema de reparto, puede ser indefinidamente elástica: por su propia naturaleza, si se rompe el equilibrio entre ingresos y gastos el sistema quedará dañado.

En el terreno teórico, los autores del estudio "Un proyecto económico para la gente" han explicado que ante una situación económica de emergencia es necesario que exista un pacto de rentas, un aumento de los salarios y un incremento de las pensiones. La propuesta es respetable pero parece evidente que este planteamiento, que supondría aumentar súbitamente la presión fiscal en una cuantía muy elevada „nadie ha dicho que haya que denunciar el pacto fiscal europeo que nos obliga„ no ha de ser fácil de implementar.