Parecía que la tan anhelada calidad democrática en la UE iba a mejorar claramente cuando se decidió someter a los nuevos candidatos a la Comisión al escrutinio del Parlamento. Pero al final, como ocurre tantas veces, la montaña parió un ratón. Fruto de componendas entre los dos grandes grupos parlamentarios conservadores y socialistas, algunos candidatos que, por claros conflictos de interés, no habrían superado el examen en otras circunstancias fueron finalmente aceptados, y el propio presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha terminado bajo sospecha.

El exprimer ministro luxemburgués está acusado de haber propiciado en su país un sistema claramente insolidario por el que gran multinacionales podían acogerse en el gran ducado a un esquema que les permitía esquivar prácticamente el pago de impuestos en los países donde hacían sus negocios. Algunas de las más conocidas y lucrativas multinacionales terminaban pagando allí un 1%, según se ha sabido, gracias a un sistema perfectamente legal, como asegura Christian Rollmann, un ex funcionario de la administración financiera luxemburguesa que se encargó de preparar los acuerdos que ahorraban el pago de impuestos a empresas como Ikea, Amazon, AOL o Fiat.

En algo parece tener razón Rollmann, que hoy gana su dinero como abogado, y es que las autoridades fiscales de otros países, por ejemplo, Alemania, que ahora, como otros, parecen rasgarse las vestiduras, podrían haber impedido tales prácticas en sus jurisdicciones, pero "no existió tal voluntad política". Conviene recordar que en 1989, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos felicitaba a Luxemburgo por haber logrado convertirse en uno de las "plazas financieras más atractivas del mundo", el mismo año en que una gran empresa alemana del sector energético, RWE, provocaba un escándalo al conocerse que había burlado al fisco de su país gracias a una filial radicada en el gran ducado.

Juncker niega ahora haber sido el "arquitecto" del modelo Luxemburgo, que le sirvió, entre otras cosas, para convertir a ese minúsculo país en el de mayor renta per cápita de Europa y financiar allí un generoso sistema social, todo ello, claro está, en detrimento de los de sus socios. Y al mismo tiempo insinúa que nadie puede arrojar la primera piedra pues también otros países como Holanda han permitido a otras multinacionales como Starbucks, que tiene allí su sede europea, ahorrarse millones de impuestos.

Lo más grave de todo es que, por la complicidad de los dos mayores grupos parlamentarios, y la posible anuencia de la canciller alemana, Angela Merkel, a la que no le viene mal un presidente de la Comisión en principio debilitado, tengan que ser los grupos más hostiles a la UE quienes impulsen ahora una moción de censura contra Juncker. El nacionalista UKIP, del británico Nigel Farage, el confuso Movimiento 5 Estrellas, del cómico italiano metido a político Beppe Grillo, y el ultraderechista Frente Nacional de la francesa Marine Le Pen, ¿salvadores de la democracia en la UE? Es una perspectiva más bien triste.