Escrito sin red

La retórica y la claridad

14.11.2014 | 06:30
La retórica y la claridad
La retórica y la claridad

Las reacciones al 9N y a la posición del Gobierno, descontando la euforia de los nacionalistas, han tenido dos vertientes, ambas muy críticas con el Gobierno de Rajoy. La primera la han protagonizado la plataforma Libres e Iguales, Vox, UPyD, un sector del propio PP representado por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, y conocidos analistas como Arcadi Espada o Jiménez Losantos. El propio PP catalán se siente ninguneado por el presidente nacional de su partido. Acusan a Rajoy de haber hecho dejación de sus funciones como presidente, de su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley; le acusan de haber incumplido su palabra de que no se celebraría ningún referéndum ni consulta sobre la independencia el 9N; le reprochan el haber recurrido por segunda vez al Tribunal Constitucional (TC) para, a continuación, desentenderse de la suspensión acordada impidiendo la celebración de la consulta.

Apuntan a que en Cataluña ya no existe el Estado puesto que se pueden violar las leyes con absoluta impunidad. Algunos medios han calificado esas reacciones como las de la derecha del PP o la extrema derecha.

La segunda vertiente, la han encarnado, entre otros, el PSOE que, a través de un miembro de su ejecutiva, Meritxell Batet, ha instado al Gobierno a renunciar a una querella de la fiscalía contra Mas: "No es el momento de seguir actuando a través de los tribunales. Es el momento de la política. Tenemos un problema político y las únicas soluciones que podrán dar salida a este problema político serán políticas". Casi con las mismas palabras de Mas: " La forma racional y civilizada de tratar los temas políticos es hacerlo desde la política". Analistas como Antonio Papell, creen que los independentistas "van de éxito en éxito hasta la victoria final"; argumentan que el Gobierno creyó que con las armas políticas y jurídicas lograría evitar la consulta, luego ante su fracaso sólo hay una solución razonable y políticamente razonable: diálogo y negociación. Es decir, si se quiere evitar una secesión que gana terreno: reconocimiento explícito de derechos históricos, nuevo sistema de financiación y competencias plenas en Educación y Cultura. Joan Tapia, antiguo director de La Vanguardia y columnista ahora de El Confidencial, intenta ridiculizar la posición esperada de la fiscalía titulando su columna: "¿Ahora una de fiscalías y ladrones?". Por otra parte califica la jornada del domingo en Cataluña como una simple "anomalía jurídica".

No me he recatado nunca de ejercer una dura crítica contra Mariano Rajoy, al que he calificado en alguna ocasión como un personaje cínico y cobarde, con motivo de sus mentiras, sus falsas promesas electorales, su amparo a personajes directamente relacionados con la corrupción como Matas, Camps, Bárcenas „recientemente a Monago„ o su propia implicación como presidente de un partido incurso en delitos de financiación irregular. Pero tendría una idea equivocada de la naturaleza humana si pensara que todos sus actos están dirigidos y determinados en una sola dirección, sea el bien o sea el mal, lo correcto o lo incorrecto, el acierto o el error. En este caso me inclino a pensar que Rajoy ha procedido de forma correcta. Estas son mis razones:

-Acudir al TC no presupone impedir un futuro desacato al mismo al modo de Minority Report de Spielberg, cuando las consecuencias de mandar a la Guardia Civil a requisar las urnas y detener esposado a Mas son, como ya calificó un juez en Barcelona, medios desproporcionados; y de consecuencias propagandísticas favorables a los independentistas en los medios internacionales. El victimismo ha sido siempre la gasolina del nacionalismo.

-Como dijo Rajoy el miércoles, no ha habido ni referéndum ni consulta, sino un llamado proceso participativo sin ninguna garantía democrática, un acto de propaganda, a la que algunos dan vitola de argumento democrático. Cierto, participaron 2.200.000 personas, de los que un 80% votaron sí-sí a su estrambótica pregunta y un 20% sí-no o no-no. Que merecen atención y consideración. Pero son los independentistas solamente 1,8 millones de un total de 6,2 millones del censo, un 30%. Interpretación refutada maliciosamente por el nacionalismo comparando asuntos de distinta naturaleza: una elección de candidatos y un consulta en torno a un único tema; entre la mayoría absoluta del PP con el voto de una minoría del censo, en unas elecciones con muchas opciones diferenciadas y no estrictamente contrapuestas y el 30% del sí a la independencia contrapuesto al no o a la abstención. Este alto grado de abstención no tiene otra interpretación en una disyuntiva tan polarizada y dramática que la ilegalidad del proceso.

-Si hay o no Estado en Cataluña se podrá comprobar si se presentan las querellas de la fiscalía y las resoluciones que sobre las mismas acuerden los tribunales de justicia. La prudencia en el ejercicio del poder recurriendo a la justicia puede ser más aconsejable que el ejercicio de la potestad del Gobierno del Estado cuando de conflicto entre instituciones es de lo que se trata.

-El diálogo no puede sustituir a la ley. Sí puede servir para cambiarla. Aunque igual de legítimo es pretenderlo como resistirse. Lo que ha sucedido en Cataluña, instado y dirigido por su gobierno y su presidente, como ha reconocido el propio Mas en pos de su resurrección política, es un golpe de Estado contra la Constitución y contra el sistema democrático.

-Ya ha dicho Mas que circunscribe el diálogo sólo a la realización de un referéndum legal. Sobre el diálogo sin concreción que invocan el PSOE y otros, la realidad es que hay poco margen de negociación. A no ser que el PSOE apueste por aceptar unos supuestos derechos históricos que suponen la reforma de la Constitución y la desaparición del Estado en Cataluña. Este reconocimiento de Cataluña como nación, presupuesto también del reconocimiento al derecho a decidir, es tanto como abrir el camino a la desestabilización continuada del independentismo hasta que consiga sus objetivos.

-Si la receta del PSOE para con los que trasgreden las leyes es el diálogo, significa lisa y llanamente, aquí sí, que para los socialistas del PSOE no existe el Estado de Derecho, pues la transgresión impune de las leyes supone su destrucción. Y resulta especialmente doloroso que por defender el Estado de Derecho y oponerse con firmeza a los nacionalistas muchos ciudadanos puedan ser acusados de extremismo político. Cuando los nacionalistas se han apropiado de tal manera del lenguaje que hasta los socialistas comparten este uso teratológico, la democracia está amenazada.

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