El ministro Fernández Díaz no ha parado hasta que ha conseguido introducir una enmienda por adición en el proyecto de ley de seguridad ciudadana, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, para legalizar las expulsiones en caliente de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, sin mayores trámites burocráticos. La enmienda en cuestión dice literalmente lo siguiente: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". En realidad, tal adición cambiaría la ley de extranjería ya que figuraría como "Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla" en este último texto legal. Naturalmente, la figura que se utiliza es la del "rechazo en frontera", basada en la teoría de que España empieza no en la valla sino donde se encuentra el cordón policial; y se excluye el concepto "devolución en caliente", manifiestamente ilegal, aunque en realidad ambos sean la misma cosa. Es decir, tan ilegal aquél como éste. Naciones Unidas y la propia Unión Europea han reiterado su doctrina de que cuando alguien es detenido en el interior de una frontera, deberá ser identificado y habrá de abrírsele un proceso de expulsión, en el que dispondrá de abogado y podrá alegar su circunstancia personal por si reúne los requisitos que le otorguen la condición de refugiado. Tampoco es tan difícil ni costoso para un país desarrollado como el nuestro, y al menos tendríamos la satisfacción de saber que se trata a los inmigrantes rechazados como seres humanos y no como alimañas.
