Abogados

Por eso los jueces participan, en parte, de su divinidad al administrar justicia, al dar a cada uno lo suyo (ius suum cuique tribuere). Cuando dos personas acordaron que fuera un tercero el que solventara un conflicto surgido entre ambos, apareció por primera vez el arbitraje (recuérdese al rey Salomón cuando arbitró entre dos madres que pretendían el mismo hijo); sin embargo, más tarde surgió la jurisdicción siendo nombrados jueces para la solución de los conflictos. Ahora se precisaba una normativa que regulara no solo la forma jurisdiccional sino también los derechos de los particulares y del Estado. Esto impuso la evidente necesidad de peritos que conocieran profundamente ambas normativas: los abogados.

Los abogados o la agrupación de abogados deben organizarse en colegios profesionales, que fueron abolidos después de la Revolución Francesa a través del decreto de Turgot, pero que pronto se volvieron a organizar. Los colegios de abogados defienden los derechos de estos profesionales y hacen que los mismos respeten los derechos personales de los justiciables. Así, no pueden ejercer la profesión de abogado quienes no están inscritos, formando parte del Colegio de Abogados. Actualmente por la Ley de 30 de octubre de 2006, que tuvo una vacatio legis de cinco años, para inscribirse en el colegio son necesarios unos estudios que duran un año y hay que aprobarlos, así como un práctica jurídica, en el despacho de un abogado de prestigio y en ejercicio. Esto es lo que los decanos de los Colegios, entre los que me encontraba, teníamos solicitado del ministerio de Justicia. Antes se podía ejercer inmediatamente después de haber aprobado la licenciatura en derecho. Lo que, en la práctica, es imposible. Un licenciado en derecho podía darse de alta en el Colegio de Abogados y al día siguiente de defender un asunto ante el Tribunal Supremo. Pero también es verdad que hasta el año 1960, más o menos, existía la costumbre de que los recién licenciados llevaran a cabo tres años de prácticas en un despacho de prestigio. A partir de dicha fecha los colegios de abogados obligaban a los abogados de oficio a realizar dos cursos en la Escuela de Práctica Jurídica, para evitar que gente no preparada defendiera a las personas que, por su falta de medios, no podían nombrar a un abogado que las defendiera.

Es importante el nombramiento del abogado en quien se confía, pues las pruebas hay que llevarlas al pleito (sólo existe lo que está en los autos). Tal vez fue la opinión de Garzón cuando incluyó en el procedimiento que llevaba sobre la memoria histórica, el certificado de defunción de Franco, a pesar de ser un hecho evidente.

Los abogados, como ya escribí no hace mucho, son los que dada su relación directa con los problemas de la Justicia, exponen los mismos y, en muchas ocasiones, consiguen que las leyes se modifiquen. Así, junto con los jueces, hemos protestado contra la Ley de Tasas, que es una fórmula para que únicamente los ricos puedan pleitear. No hace mucho escribí un artículo en el que demostraba con números que resulta más barato un arbitraje que un pleito, teniendo en cuenta todas las instancias que se puedan practicar. Sin embargo el ministro de Justicia ha mantenido la Ley así como la relativa a los abogado de oficio, que sólo se pueden utilizar cuando lo que se gana es inferior a 15.000 euros anuales ¿Quién tiene este derecho? Los mileuristas desde luego que no.

Estos días he leído que una abogada de Palma había robado una viola. Naturalmente ha sido detenida y también, naturalmente, el Colegio de Abogados le abrirá un expediente que puede acabar con su expulsión del Colegio. Para esto están estas instituciones, sobre las que, por el ministerio de Justicia, se habla de que pueden ser sustituidas por sindicatos, agrupaciones, etc. Los abogados y sus colegios deben permanecer en la forma en que están. Nombran a los abogados de oficio. Tienen comisiones jurídicas para consultar. Tienen su Escuela de Práctica Jurídica. Es decir, ayudan a la Justicia, cosa que hasta ahora ha importado poco al ministro de Justicia dimitido.

Esperemos ahora, tras la dimisión de Ruiz Gallardón, que se proceda a un pacto de Estado por el que se normalice la Justicia arreglándose los desaguisados que llevó acabo, como la destitución de 1.300 jueces sustitutos.

* Exdecano del Colegio de Abogados de Balears (ICAIB)