La publicación de las balanzas fiscales correspondientes a 2011, encargadas por el Gobierno a un grupo de expertos, desmitifica hasta cierto punto las protestas periféricas „la catalana en particular„ por la supuesta inequidad del Estado de las autonomías, aunque sí ha servido para advertir de las graves deficiencias del actual sistema de financiación y para llamar la atención sobre una disfunción que ya se conocía pero que, por razones políticas, no convenía abordar: los regímenes forales vasco y navarro están siendo aplicados de forma que consagran unos privilegios que en algún momento habrá que revisar, no para modificar el modelo „bastará con calcular mejor el cupo„ sino para asegurar su legitimidad, que no puede sustentarse tan sólo en la excepción constitucional que los consagra.

Las balanzas, calculadas por el sistema llamado de carga-beneficio „que atribuye el agosto a quien se beneficia, con independencia de dónde se produzca„, permiten visualizar una realidad que no abona radicalismo alguno. Las regiones más ricas „Balears, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid„ tienen un saldo fiscal negativo, que sin embargo no puede calificarse de confiscatorio: en el caso de Cataluña, representa el 4,35 % del producto interior bruto autonómico, inferior al de Madrid „8,87%„, al de Balears „5,71%„ y el doble de la Comunidad Valenciana „2,03%„. Por el contrario, las regiones más pobres tienen un saldo fiscal positivo: el de Andalucía es del 5,24% y el de Extremadura, del 17,64%. Paradójicamente, el País Vasco y Navarra, regiones opulentas, tienen también saldo fiscal positivo (2,43% y 0,19% respectivamente).

Salvo en lo referente a los territorios forales, el modelo tiene su lógica interna ya que las regiones más ricas, con mayores rentas personales, más beneficios empresariales y menos desempleo, recaudan más por vía fiscal y tienen menos gastos (en el subsidio de paro, por ejemplo). Y aunque puede ser legítimo limitar la cuota de solidaridad „el saldo fiscal„, no parece que estemos en España en porcentajes escandalosos: sólo Madrid, comunidad que se beneficia dl efecto capitalidad, supera el saldo fiscal negativo del 6%. Y el de Cataluña, del 4,35% e inferior al que calcularon los servicios de la Generalitat, no es precisamente "confiscatorio".

Sí, en cambio, es llamativamente inequitativo el sistema de financiación autonómico, que concede una financiación de los servicios muy dispar a cada ciudadano según viva en un lugar o en otro. Así, si la financiación media es 100, cada habitante de las Balears recibe sólo 86,2 y el de Valencia 88,4, mientras el de La Rioja recibe 123,6 y el de los territorios forales, 180. Cataluña y Madrid están en la media „102,1 y 100,4 respectivamente„, por lo que tampoco hay en estos casos inequidad aparente.

Por resumir, la balanza de 2011 no dibuja un Estado llamativamente desequilibrado. Con estas cifras, la solidaridad interna, en términos de redistribución, es razonable, por lo que, en todo caso, la crítica debería hacerse al sistema de financiación, que genera desigualdades objetivas que obligan a formular un modelo nuevo, y, en otro orden de ideas, a la incapacidad demostrada del sistema redistributivo para reequilibrar las desigualdades „la posición relativa de las autonomías más rezagadas no avanza con el tiempo„, que requeriría intervenciones positivas para promover el desarrollo de los colistas. Finalmente, no tendría sentido silenciar lo insostenible de las excepciones vasca y navarra, cuantitativamente poco relevantes pero políticamente muy llamativas.