Tribuna

Una apuesta clara por la cogestión de nuestros aeropuertos

29.06.2014 | 06:30
Una apuesta clara por la cogestión de nuestros aeropuertos
Una apuesta clara por la cogestión de nuestros aeropuertos

Los aeropuertos de Balears „Palma, Eivissa, Menorca y Son Bonet„ son la principal conexión con la Península y Europa de quienes residimos en las islas, e igualmente la puerta de entrada de los turistas que cada año eligen nuestra comunidad autónoma como lugar de vacaciones, casi trece millones de personas en 2013. Son, por lo tanto, infraestructuras vitales para el buen funcionamiento y desarrollo de la industria turística, que es nuestra principal actividad económica, y para asegurar una correcta conectividad de nuestros ciudadanos.

Hace unos días el Gobierno central anunció el inicio del proceso de entrada de capital privado en AENA Aeropuertos, S.A. asegurando que la mayoria de capital, el 51%, quede en manos del Estado. El dato anterior es crucial y muy importante, ya que el proceso ha sido modificado sustancialmente. De una inicial privatización total y absoluta de AENA Aeropuertos, S.A. diseñada entre 2009 y 2011 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con su ministro José Blanco a la cabeza, y amparada en el marco legal aprobado por el Gobierno del PSOE en el decreto ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo; ahora nos encontramos con la decisión de la entrada de capital privado en AENA Aeropuertos, S.A. en un porcentaje que no supera el 49% del total.

Con esta fórmula la gestión aeroportuaria sigue siendo puramente pública, 100% pública, ya que AENA seguirá siendo el operador aeroportuario que gestionará los aeropuertos. Por otro lado, el total del capital que se va a inyectar se ha dividido en un 21% directo y otro 28% de salida a Bolsa, lo que da garantías de evitar minorías de peso que condicionen el día a día de AENA Aeropuertos. Y por último, las decisiones en materia de tasas aeroportuarias seguirán estando en manos del Gobierno, no de la iniciativa privada, y la totalidad de Navegación Aérea de AENA está al margen de este proceso, ya que no forma parte de AENA Aeropuertos, S.A. sino de AENA como matriz, y no está en el proceso de inyección de capital privado.

Dicho esto, es importante recalcar que el Govern balear sigue apostando por la cogestión aeroportuaria y por una Autoridad Aeroportuaria de Balears que, en el seno de la propia AENA, prevea que tanto las instituciones propias de las islas como el sector privado de Balears coparticipen en la gestión aeroportuaria. La postura que ha mantenido el Govern balear desde el inicio de la legislatura respecto a la gestión de nuestros aeropuertos no es nueva y es claramente de posicionamiento a favor de la titularidad pública de los mismos y de la descentralización del sistema de gestión aeroportuaria, para desarrollar estrategias más adecuadas a las necesidades y particularidades de cada aeropuerto y a la realidad del territorio insular como es el de Balears.

Hemos trasladado este posicionamiento al ministerio de Fomento en numerosas ocasiones, la primera de ellas apenas un mes después de que la ministra tomara posesión de su cargo, en enero de 2012, y posteriormente en distintas reuniones de trabajo, la última hace escasos meses. Ahora, ante el anuncio de la entrada de capital privado en AENA, el Govern balear se mantiene firme en su reivindicación y posicionamiento.

El hecho de que el Estado conserve la mayoría del capital de la compañía sigue haciendo factible que Balears puedan participar en la gestión de sus aeropuertos y consideramos que cualquier tipo de proceso de privatización debe pasar necesariamente por tener un tratamiento específico y diferenciado para los territorios no peninsulares. Por ese motivo, el Govern balear debe participar, sin ninguna duda, en la gestión de los aeropuertos a través de una autoridad aeroportuaria, como siempre hemos reclamado, similar al ente que gestiona los puertos del Estado, en el que tengan cabida el gobierno regional, los entes municipales, el sector privado y el ente estatal. Un órgano de gestión donde se puedan decidir temas fundamentales como la política de tasas aeroportuarias o las inversiones.

Nuestras peticiones durante estos tres años no han sido en balde. Fruto del trabajo que desde el inicio de la legislatura hemos realizado, y pese a la difícil situación económica vivida estos años, hemos dado pasos importantes y se han logrado reivindicaciones históricas.
A petición de este Govern se ha creado y constituido el comité de coordinación aeroportuaria, un primer paso en la participación de la comunidad autónoma en la gestión aeroportuaria junto a administraciones locales y las organizaciones empresariales y sociales más representativas. Por otro lado, en 2012, a petición nuestra, se procedió a reconocer por primera vez en la historia el concepto de meses valle, aplicando desde ese mismo año una bonificación del 10% en las tasas aeroportuarias durante los meses de invierno, rebaja que en 2013 se incrementó al 20%. Pero no nos conformamos y seguiremos trabajando para que la bonificación alcance el 30% para el aeropuerto de Palma y el 50% para los de Menorca y Eivissa.

En el año 2013, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se incluyeron nuevas definiciones mediante la modificación de la ley de seguridad aérea, incluyendo conceptos como pasajero en conexión o aeropuerto estacional, con aplicación de bonificaciones para los mismos. Además se procedió bonificar las tasas de pasajes por apertura de nuevas rutas un 50% el primer año y un 25% en el segundo.

En una dinámica de no tener que discutir más los conceptos por estar ya reconocidos, sino los importes de las bonificaciones, en 2014, también a través de los PGE, se han establecido nuevos incentivos: para las aerolíneas que aumenten el número total de pasajeros se reduce en un 75% la tasa de pasajero para viajeros adicionales en una ruta. Para nuevas rutas tanto nacionales como internacionales las compañías se beneficiarán de hasta un 100% de bonificación en la tasa por pasajero. Por otro lado, aumentan los descuentos para el pasajero en conexión que pasan a ser del 30% en 2014, al 35% en 2015 y al 40% en 2016, constatando que esto es de gran ayuda para la conectividad del residente insular.

Para 2015, AENA ha decidido congelar las tasas aeroportuarias, cuando el acuerdo con las compañías para 2015 era repercutir la subida del IPC más 3 puntos. En materia aeronáutica, entre nuestras prioridades también figura conseguir una mejora sustancial en los vuelos interislas, sobre todo en lo que a tarifas se refiere, un límite a tarifas de rutas con otros destinos para evitar precios abusivos y el efecto de que el 50% del descuento de residente se aplique al precio efectivo final del billete, incluyendo todos los conceptos.

Si hay una cosa que este Govern tiene clara es que debemos equiparar a nuestros ciudadanos con los del resto de comunidades autónomas, e igual que en la Península se están realizando inversiones en incrementar la red de AVE, en transporte intermodal terrestre y en la mejora de autopistas; en Balears se tiene que dotar de mayor y mejor conectividad a precios más ajustados, con cargo todo ello a los PGE. La implicación de las instituciones de Balears y de los agentes socioeconómicos en la toma de decisiones en lo que concierne a nuestros aeropuertos es fundamental.

Además, en materia aeronáutica es necesario que podamos poner en marcha políticas propias que tengan en cuenta el hecho insular, las dobles insularidades, la estacionalidad, trabajar la flexibilización de la política de tarifas y de precios, que permitiría mejorar la competitividad, incentivar nuevas rutas y mercados, y trabajar para la desestacionalización del producto turístico y, en definitiva, no sólo consolidar un modelo de éxito en temporada alta, sino también modelar la infrautilización que se produce de nuestros aeropuertos de noviembre a marzo mediante incentivos y políticas conjuntas. Todo lo anteriormente expuesto hace que un trato diferenciado de nuestro territorio insular sea un derecho irrenunciable y no un capricho, como a menudo, quieren hacer entender desde Madrid.

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