El Tribunal de Cuentas es "el órgano responsable del control externo del sector público español". En su frontispicio en Internet, la institución proclama que "la Constitución española de 1978 atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable". Los doce consejeros son elegidos por el Parlamento por períodos de nueve años, y ellos mismos eligen al presidente. Todos están aforados.
Pues bien: esta institución, que debería ser el último reducto de la honradez pública, es sospechosa de corrupción. El enchufismo y el nepotismo son notorios, según ha detectado un periódico de Madrid, ya que los lazos de parentesco alcanzan a un centenar de empleados del organismo (actualmente, un sobrino y una concuñada del presidente trabajan en él). Y los dos últimos presidentes del comité de empresa han conseguido colocar a 17 familiares en la institución, cuyos sueldos superan en un 30% la media del sector público.
