Se ha celebrado este pasado miércoles en Alicante una reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores de los países mediterráneos de la Unión Europea -Francia, Italia, Grecia, Chipre, Malta, Portugal y España-, si se exceptúan Croacia y Eslovenia en el Adriático, convocada para adoptar una postura común frente a la inmigración ilegal. Esta agrupación, que se denominó en otro tiempo "Grupo del Olivo", pasará a denominarse "Grupo del Mediterráneo".

El comunicado emitido por los reunidos, que invoca las grandes tragedias recientes que han tenido lugar en torno al fenómeno migratorio que apunta a Europa y registra que la presión se está incrementando, solicita a Bruselas "apoyo institucional y financiero para ayudar a los terceros países a devolver a los inmigrantes irregulares" y solicita un "refuerzo" del control de fronteras externas a la Unión Europea y "una mayor participación de los estados miembros" en el abordaje de este problema. En definitiva, se recuerda al conjunto de la UE que una mayoría de inmigrantes no pretende quedarse en los países fronterizos sino que aspira a alcanzar otros Estados, por lo que el problema es de todos. Y se plantea un conjunto de medidas "tanto a corto como a largo plazo": mantener y reforzar las fronteras externas mediante la agencia Frontex; potenciar las capacidades de los países de origen y tránsito de la inmigración para fijar a sus naturales al territorio; luchar contra las redes de tráfico de seres humanos que explotan a los inmigrantes; y potenciar todas las formas de "retorno y readmisión". Sólo en último término se refiere a la necesidad de abordar las causas profundas de la inmigración

En definitiva, según declaraciones explícitas de los reunidos, Bruselas debería implementar los instrumentos financieros necesarios que "actúen simultáneamente contra la presión migratoria y promuevan el desarrollo económico y social de los países de origen y de tránsito" de los flujos migratorios que se dirigen a la Unión Europea. Esta declaración compendia todos los aspectos del fenómeno complejo que es la inmigración proveniente del continente africano -más de 1.000 millones de personas, de las que cerca de la mitad vive con menos de un dólar al día-, pero no sistematiza las terapias ni resuelve la confusión que envuelve al problema. De hecho, las necesidades son dos:

En primer lugar, es preciso que la UE se convenza de que el problema de la inmigración es comunitario. Tanto porque, en efecto, los aspirantes a ingresar en la opulenta Europa pretenden incorporarse al conjunto y no sólo a la periferia, cuanto porque estamos en presencia de un fenómeno global, que se debe al gradiente de desarrollo entre el Norte y el Sur. De acuerdo con este criterio, toda la UE debe prestar apoyo político y material a la labor de los países que se enfrentan físicamente con la presión demográfica.

En segundo lugar, es necesario que toda la UE asuma la ímproba tarea de promover el desarrollo de África, por razones humanitarias, primero, pero también por razones políticas: sólo la estabilidad del continente vecino nos asegurará la indemnidad de nuestras fronteras. El subdesarrollo del Sur constituye una amenaza potencial, y no sólo por la presión migratoria: el hambre y la miseria son caldo de cultivo del fanatismo terrorista. Evidentemente, esta tarea es ímproba y requiere grandes caudales, por lo que no puede plantease como un simple corolario a la lucha contra la inmigración ilegal. De hecho, debería convertirse pronto en uno de los grandes objetivos políticos de la Unión, con el respaldo de una parte principal de los presupuestos comunitarios.