El debate sobre la pretensión catalana de adquirir la competencia constitucional de convocar referéndums ha discurrido sin sorpresas. Hay una puerta abierta al diálogo „PP y PSOE así lo han manifestado, aunque de momento no se concreta la oferta porque de momento la otra parte sólo quiere hablar del referéndum, es decir, del proceso independentista„ que lógicamente permanecerá expedita para debatir, si procede, un mejor acomodo de Cataluña en el Estado pero no la forma de desgajarse de él.

El tono del debate, más importante que el propio desenlace (ya se sabía que la solicitud catalana no iba a ser atendida), ha sido constructivo en líneas generales, aunque la parte catalana „los tres emisarios del Parlament„ no tenían otro mandato que el que desarrollaron, sin más capacidad de interlocución (en realidad, la postura catalana en la sesión la fijó Duran Lleida, y no los delegados propiamente dichos).

Tras haberse bloqueado formalmente el camino de celebrar un referéndum convencional, la pelota está ahora en el tejado catalán, y según la propia hoja de ruta de Artur Mas, las posibilidades son, en primer lugar, la celebración en todo caso de una consulta al amparo de la ley catalana 2/2010 de consultas populares por la vía del referéndum, recurrida por el Gobierno de Zapatero y actualmente pendiente de sentencia en el Constitucional. Con toda probabilidad, no habrá modo legal de poner en marcha semejante opción.

En segundo lugar, cabe la elaboración de una nueva ley de consultas no referendatarias, que la Generalitat tiene a punto y que pretende eludir la autorización del Estado del artículo 149.1.32ª. También puede asegurarse que esta ley será recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de la nación, por lo que no habrá lugar a aplicarla.

En tercer lugar, podría plantearse una propuesta catalana „parlamentaria„ de reforma de la Constitución, una vía semejante al Plan Ibarretxe, que terminaría bloqueada por parecidas razones a las que han hecho fracasar la solicitud de referéndum.

En cuarto lugar, y por último, está la declaración unilateral de independencia, que recomienda el Consejo de Transición Nacional si se hacen impracticables todas las demás vías. Es la solución que propone asimismo la Asamblea Nacional de Cataluña, cuya hoja de ruta orilla por procedimientos revolucionarios la legalidad constitucional.

Naturalmente, en todo momento puede detenerse esta alocada huida hacia adelante si cunde la cordura y se impone una negociación, que no tendrá lugar probablemente si la Generalitat no levanta expresamente la convocatoria de referéndum ya realizada. No se puede negociar cuando el antagonista rechaza la legalidad „las reglas de juego„ y manifiesta que ya tomado sus decisiones irrevocables.

Finalmente, por supuesto, también es posible que CiU, el partido de gobierno en Cataluña, imponga a Mas un golpe de timón y/o cambie de timonel. Mas ya cometió un gravísimo error al adelantar las últimas elecciones autonómicas, con grave caída de CiU en las urnas, y hoy ha deteriorado la posición de su partido hasta el punto de haber perdido la primacía frente a ERC. Nada tendría de extraño que sus conmilitones dieran por finalizada en cualquier momento esta descabellada aventura.