El ayuntamiento de Palma quiere servirse de su nueva ordenanza cívica para alejar a las mujeres que ofrecen servicios sexuales en las proximidades de los colegios. La Federación Hotelera, aprovechando la coyuntura, también pretende que las prostitutas no puedan ejercer en un radio inferior a los 200 metros de sus establecimientos. Resulta incuestionable la nocividad del comercio sexual en lugares tan sensibles como los aledaños de los centros docentes. El entorno de los hoteles ya es otra cosa.

No diremos que los aledaños de los hoteles resulten espacio propicio para el ejercicio de la prostitución „de hecho, no conocemos ninguno recomendable para ello„ pero la pretensión de los hoteleros tiene excesivos tintes de oportunismo y reniega de la implicación en una problemática mayúscula mucho más grave porque, vistas las circunstancias que afectan hoy al, digamos ejercicio del sexo pagado o retribuido, deberemos hablar de explotación directa y hasta de esclavitud sin atenuantes. Algo deberán hacer también las autoridades y la misma sociedad en su conjunto para admitir las cosas como son y afrontarlas. Lejos de la exageración, para confirmar lo dicho, podemos remitirnos a datos contrastados y al testimonio profesional o al compromiso humano de quienes conviven o están encallados, por convicción moral y en algunos casos religiosa, en tal drama.

Un informe, tan espeluznante como veraz, elaborada por los testimonios recogidos en el Casal Petit por las Religiosas Oblatas, asegura que en las islas, de forma más o menos estable, unas 700 mujeres se dedican al ejercicio de la prostitución. Es una cifra que, al llegar la temporada alta puede ascender hasta las 2.600 personas. Con todo, lo más grave, está en los orígenes, los condicionantes y las consecuencias de tal práctica. Hablamos de esclavitud en el oasis vacacional de un continente europeo en el que, sobre el papel, se respetan todos los derechos y libertades humanas, no de mero comercio sexual, admisible, rechazable o susceptible de pasar por distintos raseros de tolerancia moral.

La inmensa mayoría de prostitutas lo son por imposición. Proceden de Nigeria después de haber sido reclutadas con engaño y hasta con vudú bajo falsas promesas de dinero fácil y un trabajo cómodo en Europa. Algunas de ellas han pagado hasta 50.000 euros para alcanzar un hipotético paraíso convertido en infierno. Han atravesado Africa como mera mercancía „"si alguna se caía del camión nadie se paraba a recogerla"„ a disposición de mafias, primero nigerianas y después marroquíes. Permanecen presas del miedo y de las deudas. Denunciar significa poner en peligro a su familia.

No pueden quedarse solas. Necesitan calor humano y sobre todo, intervención policial directa, con colaboración internacional, para acabar con las mafias que aniquilan sus vidas. Hasta penalizar a los clientes de la prostitución les deja a ellas bajo una intemperie todavía mayor. Así de dramático y cruel.