Esta semana estoy de luto. Hemos sufrido o estamos en proceso de sufrir una gran pérdida: la justicia universal. No sé si sentisteis lo mismo que yo, pero a medida que iba viendo cómo transcurrían las cosas en el Congreso de los Diputados, mi corazón se encogía y me enfurecía mucho.
Hace unos meses, me sentí muy feliz al ver, que los padecimientos sufridos en tierras del Tíbet, donde muchos lamas y ciudadanos perdieron la vida no iban a quedar impune. Y me sentí orgullosa de mi país, que daba la cara por los más desvalidos. Ponía de relieve cómo nuestro país, seguía siendo un modelo en la persecución de los crímenes internacionales como lo había sido durante dos decenios. Pero esta semana toda la esperanza de esa gente de que se haga justicia ha quedado truncada. Hacía unos meses, que un amigo abogado me explicaba lo que decía el profesor Antonio Remiro Brotons: "El instrumento de jurisdicción universal ha sido muy útil, como ocurrió en Argentina y en muchos otros casos".
En base a este principio de justicia universal, el lunes pasado la Audiencia Nacional ordenó la detención y el ingreso incondicional en prisión de cinco exlíderes chinos por delitos de genocidio, torturas en relación a la represión en el Tíbet: Liang Zemin, presidente de China entre 1993 y 2003: ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por los sus subordinados contra la población tibetana. Li Peng, primer ministro chino a finales de los años 80 y principios de los 90. Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la Policía armada. Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en el Tíbet entre 1992 y 2001. Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80. Pero ahora, el Gobierno quiere acabar con la justicia universal poniendo en marcha una propuesta de ley que limita la jurisdicción universal de la justicia española.
¿Y eso qué quiere decir? Pues, que la proposición no permitirá que las personas legitimadas presenten en España querellas, por lo que será privado a los jueces españoles del derecho de investigar delitos contra la humanidad ocurridos fuera de España. Sin acciones en esta línea, nadie hubiera logrado llevar ante la justicia a Pinochet o los responsables de la cruel dictadura en Argentina que, como mínimo, fue responsable de más de 30.000 desaparecidos, además de muchas otras atrocidades. Sé que hay gente que opina que cada uno debe hacerse cargo de las cosas que pasan en su casa, pero para mí, mi casa es el mundo y mi familia es la humanidad. Así que me parece perfecto que un juez de cualquier país pueda investigar este tipo de sucesos donde la gente se lo pida e intente llevar a los culpables ante los tribunales.
Lo que más me preocupa es como nuestro país afrontará las mayores injusticias del mundo. Ante los genocidios y crímenes contra la humanidad, ¿estaremos con los brazos cruzados o haremos lo que tantas veces hemos detestado, dar la espalda a los problemas del mundo? Pero lo más doloroso de todo es que detrás de todas estas medidas se mueven intereses económicos. ¿Somos capaces de permanecer impasibles, alegando que implicándonos ponemos en peligro acuerdos monetarios y diplomáticos? ¿Ante todo esto dónde queda el valor de las vidas humanas truncadas?
En estos tiempos en que protestamos por tantas cosas malas que nos están pasando, en que la gente sale a la calle a defender sus derechos, a decir que no permitirá que la siguen pisando, tenemos que volver a levantar la voz para decir que los intereses económicos y comerciales no pueden pasar por delante de la justicia y los derechos humanos.
