Las aguas andan revueltas en el litoral español y de forma preferente en un Mediterráneo que, por su propia naturaleza, debe ser plácido y doméstico. Abunda el mar de fondo motivado por los proyectos de prospecciones petrolíferas y el oleaje en superficie por dolencias y amenazas económicas preocupantes, aunque menos trascendentes que las de perseguir crudo bajo el agua. Pero, entre lo uno y lo otro, como ocurre casi siempre, el malestar ha acabado saliendo a flote para contribuir a avivar un temporal que no lleva visos de remitir.

Ahora el sector náutico se indigna al comprobar que el Gobierno está preparando una nueva tasa que puede suponer un coste adicional de 500 euros para las embarcaciones, al alcanzar el amarre. En realidad es un recargo de salvamento que crece nada menos que un 128% por decreto del ministerio de Fomento. Se aplicará tanto por espacio de un día como de un mes, lo cual, aparte de rasgar la bodega de las embarcaciones locales, puede provocar la espantada de las extranjeras. Dicen que en la Costa Azul francesa, en los clubes náuticos de Italia y en los puertos deportivos de Croacia ya se están frotando las manos para recibir a quienes emprendan la huida del litoral español. En el caso concreto de Balears existe todavía el agravante de que la medida llega cuando se está avanzando en la privatización de la práctica totalidad de los puertos, con el consiguiente incremento de los precios de los amarres. Ahora se teme que, aun con ello, la nueva tasa pueda llegar a costar más que los amarres en sí.

Pero la indignación que flota en los puertos no tiene únicamente motivaciones estrictamente económicas. Los entendidos en el mundo de la navegación afirman que es un aumento, bajo el pretexto de contribuir al salvamento, sobre un coste sin sentido porque se aplica a partir de lo que se cobra ahora para contribuir al mantenimiento de faros y otros elementos de referencia para la orientación náutica cuando hoy el GPS moderno suple al resto de instrumentos tradicionales. Se establece la comparación con tierra indicando que es igual que si se aplicara a los coches una tasa por el trabajo que realizan la Guardia Civil de Tráfico y las ambulancias en las carreteras.

Otro elemento de preocupación sobre esta cuestión se introduce en el efecto que se le presume sobre la pesca, la industria y el transporte marítimo. Aparte del turismo, claro está. Sólo los veleros de menos de 9 metros quedarán exentos, en principio, de la nueva tasa. Atracar adquiere ahora más que nunca, con el timón en la mano, una doble acepción, la de estabilizar la embarcación en puerto y la que rescataran los usuarios y que hace alusión a la apropiación de recursos económicos por parte de una Administración que continúa padeciendo la solitaria de la recaudación.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, recibirá visitas y llamadas desde Balears. A pesar de saber que el viento sopla en su contra, las patronales náuticas y la Autoridad Portuaria parecen estar en la misma ribera del rechazo a una tasa que se considera injustificada por un lado y de cuantía exagerada por otro. Aunque no existe pronunciamiento explícito en este sentido, también se da por hecho que el Govern Bauzá contempla con desagrado la medida. Ha empezado la fase de la presión en busca de una negociación que se pretende eficaz, pero los afectados dan por sentado que, de producirse, en ningún caso la corrección será ni fácil ni tampoco inmediata.