En el imaginario colectivo, la figura del inquisidor Torquemada ha quedado no sólo como un retrógrado fundamentalista, que obligaba a todo el mundo a pensar como él o como la santa madre Iglesia, sino como un ser esencialmente sádico que disfrutaba con el daño físico y psicológico que infringía a las personas que caían en sus garras. Este país tuvo la desgracia de sufrirlo a finales del siglo XV. A pesar de que desde entonces hasta ahora hemos padecido a varios siniestros personajes, el actual ministro de Justicia se erige como su merecido heredero.
Llevamos dos años en los que el gobierno del PP incumple sistemáticamente el programa electoral por el que mucha gente les votó, y que incluye la derogación de la actual ley de plazos, parecida a las que rige en la mayoría de la Unión Europea, que permite a las mujeres, en su calidad de ciudadanas, la potestad de decidir interrumpir su embarazo dentro de unos plazos determinados. Gallardón se alzó como estandarte de lo más reaccionario de esta sociedad insistiendo en derogarla. Tras muchos meses de debate social incluso dentro del propio PP, alarmados por el retroceso sin parangón que suponía su propuesta „mayor restricción incluso que la que se aprobó en 1985, con cuatro supuestos en los que se permitía abortar a las mujeres que lo pedían„ este viernes nos ha presentado su propuesta, que demuestra que no ha escuchado absolutamente a nadie que no fuera la Conferencia Episcopal. ¡Y de qué manera!
El señor Gallardón nos condena a la franquista categoría de minoría de edad permanente, subordinadas a terceras personas que tendrán la potestad de decidir algo que condiciona el resto de nuestras vidas: sólo se podrá interrumpir la gestación en dos casos: por embarazo tras una violación y cuando el feto sufra una anomalía incompatible con la vida y suponga un grave riesgo para la salud psíquica de la madre. Quiere decir: si el feto sufre anomalías graves, las mujeres deberán parir por decreto ley justo cuando se están recortando de forma brutal las ayudas a la ley de dependencia, de acceso a la sanidad y medicamentos, a la educación Quedarán en la ilegalidad el 95% de los casos de interrupción voluntaria del embarazo y nos veremos sometidas a esta ley de clara inspiración ultra católica aunque seamos musulmanas, laicas, ateas o judías.
Como el cinismo de este ministro no conoce límites, llama a esa ley "para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada", pasando unas células agrupadas que serían un ser humano en unos meses por delante de la libre decisión de unas personas hechas y derechas. Señor Gallardón: un huevo no es una gallina, ni un embrión es un ser humano, lo son las mujeres que en circunstancias determinadas deben decidir no seguir con su embarazo. Es indigno para una mujer tener que escudarse en una supuesta fragilidad mental para impedir dar a luz a un ser destinado a morir por sus gravísimas anomalías.
Dice el señor Gallardón que cumple con las recomendaciones de la ONU, a pesar de que ese mismo organismo ya le ha dado un toque advirtiéndole que ese no es el camino a seguir y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aboga claramente por proporcionar abortos seguros, tal como indica el siguiente dictamen: "Se requiere un entorno regulatorio y político propicio para garantizar que cada mujer tenga un acceso sencillo a servicios de aborto de buena calidad". Y más adelante explicita: "Los estados deben abstenerse de limitar el acceso a los medios para el mantenimiento de la salud sexual y reproductiva, que incluye censurar, ocultar o distorsionar intencionalmente la información relacionada con la salud".
Nada más lejos de lo que propone el señor Gallardón, quien dejará fuera de toda cobertura a las miles de mujeres que en este país deciden abortar, dejándolas, como única opción, viajar a Londres a una clínica si cuentan con medios económicos y a abortar clandestinamente y exponiéndose a peligros ciertos en intervenciones inseguras a todas las demás.
Lo que eleva a este ministro a la categoría de Torquemada, es que incluso en estos dos únicos supuestos permitidos, hará pasar a las mujeres que han sido violadas y a las que el embrión tiene anomalías incompatibles con la vida, por el examen de dos facultativos más, a las charlas sobre "sus derechos, ayudas, opciones asistenciales, información clínica „también ofrecida verbalmente por los facultativos„ y alternativas al aborto" que le informen de vías para seguir adelante con el embarazo y obligándolas a un período de reflexión mínimo de siete días para tomar finalmente la decisión. A eso se le debería llamar tortura psicológica y debería poder ser denunciado ante los tribunales.
Una sociedad madura, democrática, no debería permitir esta bofetada a la dignidad y derechos de las mujeres. Tenemos por delante un corto plazo de tiempo mientras se debate en el Parlamento y el Senado para movilizarnos en todas direcciones: hacer un llamamiento a los movimientos sociales, a las mareas de todo color para que nos apoyen, insistir a los partidos políticos a que se opongan con todos los medios a su alcance, que los grupos parlamentarios, incluso el del PP, voten en contra de la legalización de esa tortura, que las parlamentarias del PP tengan libertad de voto, que los organismos de Igualdad estatal y autonómicos defiendan el derecho a decidir de las mujeres.
Y debemos dejar claro en las calles nuestra total oposición a ser tratadas con la indignidad que propugna la ley de Gallardón-Torquemada, esa que es incompatible con la consideración de ciudadanas de pleno derecho. A pesar de la también franquista "ley de la mordaza", las defensoras de los derechos de las mujeres, desde las sufragistas, nos abrieron un camino que no podemos permitir que nos cierren ahora.
(*) Integrante de Associació de Dones d´Illes Balears per la Salut (ADIBS)
