El sentido común es aquello que todos creemos tener pero pocos sabrían definir. Para no liarme, recurro a Wikipedia: facultad que posee la generalidad de las personas para juzgar razonablemente las cosas. O también: don provisto para saber distinguir todo lo que nos rodea: el bien, el mal, la razón, la ignorancia. Yo añadiría a ambas definiciones: sin necesidad de recurrir necesariamente a la ciencia. Juzgado desde el sentido común, que tres agentes de la Policía Nacional entren en la sede de la Obra Cultural Balear para investigar un presunto delito de fraude fiscal en la gestión de la caja de resistencia de los docentes en huelga es un disparate monumental. Las leyes deberían ser el sentido común puesto por escrito. Yo critiqué públicamente los motivos ocultos de aquella huelga (el tiempo fue despejando el humo que la envolvía) y su desproporción por los perjuicios causados a los alumnos. Y manifesté mi perplejidad indignada cuando un portavoz de las Assamblea de Docents declaró sin sonrojarse que el colectivo ya se estaba organizando para seguir con la huelga, pero cobrando. Pero todo ello no me impide reconocer el ejemplo, inédito en esta tierra, de solidaridad y compromiso personal de miles de ciudadanos que realizaron aportaciones voluntarias para paliar las mermas salariales de los huelguistas. Hay que ser un miope, o un sectario, para no conceder a este gesto de generosidad un valor muy superior al monetario.
Ha estado torpe el presidente de la OCB al comparar la caja de resistencia con una lista de bodas. Los partícipes de ésta hacen regalos a los novios. Sin embargo, las contribuciones al fondo común de los docentes no tienen esa finalidad. No son dádivas graciosas, ni premios a los más sacrificados. Vienen a sustituir una parte del salario que no han cobrado, y por tanto, lo lógico y lo justo sería que ese dinero tributara como un rendimiento del trabajo, ni más ni menos. El problema surge cuando la ley, que nunca es omnisciente, no contempla ese supuesto, por otra parte excepcional. No existe el necesario vínculo laboral, así que sólo se puede calificar esa percepción económica como una donación, disparándose el tipo impositivo. Es un ejemplo de aplicación del derecho tan ilógico, injusto y contra el sentido común que, cuando se escucha el argumento de "la ley es la ley para todos", uno atisba un ánimo mezquino, rencoroso y vengativo relacionado con el conflicto del TIL. Patético.
Sin embargo, intentar inhabilitar en los tribunales a un presidente por tener una farmacia se presenta como un servicio a la democracia sin tener que pasar por las fastidiosas urnas. El Partido Popular cometió una injusticia y un error político descomunal al instar la incompatibilidad de Aina Salom como consellera de Sanidad en el primer Pacte de Progres por ese mismo motivo. Las diferencias entre ambos casos que se intentan presentar son tan sutiles que resultan inapreciables desde la equidad. Con todo el lastre del pasado que Bauzá ha soltado desde que dirige el PP regional, es sorprendente que no se haya desmarcado de aquella equivocación tan gruesa. Al inicio de la legislatura debió instar a la oposición a negociar con luz y taquígrafos una ley de incompatibilidades sensata que contemplara la hipótesis de una Francina Armengol farmacéutica y presidenta. Hoy, la interpretación estricta de la legislación obligaría a cualquier propietario de una farmacia a venderla antes de acceder a un cargo del gobierno. Nos quejamos de los que se acercan a la política porque no tienen donde caerse muertos, y luego cuando se van, o los echamos, pretendemos que se queden profesionalmente en pelotas a las puertas del cementerio. Es tan absurdo que ni siquiera los que desean que se estrelle el coche oficial de Bauzá en una cuneta, saliendo ileso el chófer, pueden defender este planteamiento sin utilizar las vísceras. De hecho nadie lo hace. Cualquier persona sensata, sea cual sea su tendencia política, reconoce con la boca pequeña lo absurdo de un requisito que atenta contra el sentido común. Descartado el "que se joda", o el "quien a hierro mata, a hierro muere", el argumento más civilizado que se escucha es el de "la ley es la ley para todos". En el caso de Bauzá, como hablamos la caza mayor, sí parece oportuno enterrar la lógica, y de paso a un adversario político, y utilizar la vía lateral de los juzgados. Es el mismo atajo que está transitando el Círculo Balear para alcanzar el bolsillo de los docentes huelguistas que no comparten sus tesis educativas o lingüísticas.
