Nos aproximamos a final de año y empiezan a surgir noticias y comentarios sobre las medidas "creativas" que está adoptando el Ministro de Hacienda, bien para cumplir con el objetivo, revisado a la baja, de déficit público, que se deriva de los acuerdos de creación del euro, bien para que el incumplimiento sea el menor posible.

El pasado año ya ideó retrasar las devoluciones de IVA, lo que, además de perjudicar seriamente a muchas de las empresas afectadas, le permitió reducir la cifra "oficial" de déficit en, aproximadamente, medio punto de PIB; argucia por la que la Comisión ya le llamó la atención.

Ahora, además de la orden que, al parecer, ha tomado para dejar de pagar facturas, poco a poco iremos enterándonos del resto de sus soluciones imaginativas, para transferir déficit de un año a otro; es como hacerse trampas al solitario: ganas, pero no tiene valor alguno.

España tiene un problema de déficit público, sin duda, con orígenes diversos, que es imprescindible corregir si no queremos poner seriamente en cuestión nuestra solvencia como estado soberano. Tengamos en cuenta que, si se confirman las previsiones, la deuda pública española sobrepasará, en 2014, el 100% del PIB. La cuestión es cómo hemos de reducir el déficit.

Como todo el mundo sabe, el déficit público es la diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan el conjunto de las administraciones públicas. Por tanto, para corregirlo, se puede actuar sobre los ingresos, sobre los gastos o sobre ambas variables.

El gobierno ha adoptado medidas ya, tanto sobre los ingresos, incrementando los tipos del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el valor añadido (IVA), como sobre los gastos, a través de múltiples y generalizados recortes en sanidad, en educación, en dependencia, en servicios sociales, en pensiones, en salarios de los funcionarios, etc. Yo creo que ha tenido mayor decisión en atacar el déficit desde el lado del gasto, cuando el principal problema procede precisamente de la escasez de nuestros ingresos fiscales.

Antes de intentar explicar la última afirmación, considero necesario señalar que, en mi opinión, España no tiene, en el momento presente, suficiente capacidad autónoma para resolver el problema de déficit en el que nos encontramos inmersos, sino que necesitamos una política fiscal distinta para el conjunto de la zona euro.

Nuestros socios, a través de algunas instituciones comunes, están ayudando a España y ridículo sería no reconocerlo. Por citar solamente un ejemplo, el Banco Central Europeo, en el último año y medio, ha jugado un papel fundamental para nuestros intereses; sin las famosas "doce" palabras (catorce en su traducción al castellano) de Mario Draghi: "El BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro", no sabemos qué habría sucedido con la prima de riesgo. Además, con su política de tipos bajos y facilidades de liquidez para la banca, ha favorecido que ésta sea la principal compradora de deuda pública; ambas cuestiones han reducido significativamente el coste de nuestra deuda y, por tanto, el gasto público.

Pero esto, siendo necesario, no es suficiente. La eurozona necesita una política fiscal más expansiva, que algunos países sí pueden permitirse, y que no solamente beneficiaría a los más deprimidos, como España, sino que también es una cuestión de supervivencia para otros grandes, como Francia o, incluso, Alemania.

Volvamos a los ingresos. Sin entrar en excesivos detalles numéricos, que están perfectamente accesibles para cualquier lector curioso, podemos decir que:

España ni ha tenido en el pasado, más o menos reciente, ni tiene en estos momentos, un exceso de gasto público. Antes al contrario, nos encontramos claramente por debajo de la media de los países de nuestro entorno y con los que compartimos moneda. Con ello no quiero decir que no pueda existir algún tipo de despilfarro público, totalmente rechazable, que los hay; me estoy refiriendo a datos agregados para el conjunto del gasto público, y en ese ámbito somos uno de los países con menor gasto público, tanto en relación al PIB, como por habitante.

España es, con la excepción de Irlanda, el país de la eurozona con menor presión fiscal. Nuestros ingresos públicos, durante el decenio inmediatamente anterior al inicio de la crisis, en 2007, se comportaron de una forma bastante estable y, más o menos, alineados con los de nuestros socios europeos. La explicación de dicho comportamiento se encuentra, no sólo, pero fundamentalmente, en la enorme expansión de la actividad constructora; pero, a partir de ese momento, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la recaudación se ha venido abajo y no ha conseguido recuperarse, porque España tiene, diferencialmente, un notable y estructural déficit de capacidad recaudatoria.

El problema básico no es el gasto sino la escasez de ingresos públicos. Por eso echo en falta una reforma estructural que no ha abordado todavía este gobierno: una profunda reforma fiscal que nos homologue con los países más desarrollados, y que más allá de los cambios que se produzcan en las principales figuras impositivas, particularmente en el Impuesto de Sociedades, para evitar que exista una diferencia tan notable entre el tipo impositivo establecido nominalmente (25%) y el tipo efectivo realmente pagado (10%) y en el tratamiento que tienen las rentas del capital dentro del IRPF; aborde de una vez por todas el principal problema fiscal que tenemos: el nivel de fraude. Hay que invertir en más y mejores medios para nuestra AEAT y, de paso, dotarla de un estatuto que garantice un mayor nivel de independencia.

Parece evidente que a nadie le gusta pagar impuestos. En 1978 a los californianos les preguntaron en referéndum si querían pagar menos impuestos. Omito el resultado, por obvio; hoy, todavía lo están lamentando. Aunque no parezca tan obvio, pagar impuestos es baratísimo, al menos para el conjunto de la ciudadanía.