Sí, es lícito preguntarse de qué seguridad estamos hablando cuando el Gobierno, aprovechando una aciaga mayoría absoluta de la que muchos de cuantos se la dieron están hoy sin duda más que arrepentidos, anuncia una nueva ley destinada a poner el bozal „y ¡qué bozal!„ a las protestas callejeras. ¿Entienden las autoridades por seguridad lo mismo que entendemos la mayoría de los ciudadanos?
¿Es seguridad, por ejemplo, no saber si mañana, la próxima semana o el mes que viene, van a externalizar un servicio y la empresa para la que uno trabaja, ha estado incluso trabajando muchos años, va a amenazarle con la pérdida de su empleo si no acepta, como el resto de la plantilla, una fuerte rebaja del sueldo que venía cobrando? ¿Lo es haber terminado una carrera con el correspondiente sacrificio económico familiar para después cansarse de enviar currículos a todo tipo de empresas "a ver si sale algo", sin la mayoría de las veces obtener siquiera una respuesta a la solicitud „porque así se estila por estos pagos„, y verse finalmente obligado, ante la inutilidad de esos esfuerzos, a cruzar la frontera en busca de un trabajo, el que sea, que no ofrecen aquí?
¿Da seguridad leer estos días en la prensa un informe de una conocida auditoría internacional en el que se advierte de que el empleo destruido en España por culpa de las políticas equivocadas de sucesivos gobiernos y no sólo de una crisis exógena, no podrá recuperarse, si es que finalmente lo hace, en al menos dos décadas? ¿Y en cuánto se habrán además devaluado para entonces nuestros salarios y nuestras pensiones? ¿Llaman acaso seguridad ciudadana a la privatización creciente de los servicios públicos, al cierre de estaciones ferroviarias, de oficinas de correos o de ambulatorios en pueblos pequeños porque no son rentables y el Estado no se siente ya comprometido a una cobertura universal?
¿Podemos hablar de seguridad cuando los sacrificios que se nos exigen desde fuera y desde dentro, la paralización de las inversiones, los recortes de gastos y las subidas de impuestos, no parecen servir para nada porque la espiral de la deuda pública sigue creciendo? ¿Ofrece seguridad el hecho de ver al mismo tiempo cómo tantos pícaros y corruptos, tantos responsables de quiebras de cajas de ahorros que ha habido luego que rescatar con el dinero de todos, tantos despilfarradores de fondos públicos, tantos defraudadores de Hacienda, tantos destructores del litoral a base de construcciones sin sentido andan por ahí libres o, en el mejor de los casos, reciben condenas que poco tienen que ver con la magnitud de sus atropellos?
¿La da ver también cómo ex ministros y ex altos cargos de distintos gobiernos que nunca asumieron al menos la responsabilidad política de sus acciones u omisiones cobran hoy cantidades suculentas como miembros de uno no sabe cuántos consejos de administración de empresas a las que en su día beneficiaron? ¿Da seguridad el que el hecho de que protestar en la calle por todo eso y mucho más exponga a quien lo hace, si incumple las draconianas restricciones gubernamentales y por la simple denuncia de un policía, a sanciones económicas que desde el propio Consejo de Europa consideran totalmente desproporcionadas?
¿O que el ministro responsable de ese ataque a los derechos civiles de los españoles lo defienda públicamente, sin torcer el gesto, como un intento de garantizar mejor las libertades públicas? ¿Estamos acaso en el ministerio de la Verdad de George Orwell? ¿De qué libertades estamos hablando?
